Las agresiones contra los comuneros y comandantes de las policías comunitarias de la sierra costa de Michoacán continúan y se incrementan. Esto a pesar del compromiso gubernamental –que consta en la minuta del 23 de julio de 2015– de poner fin a este clima de acoso.

Las órdenes de aprehensión en contra de los comandantes de las policías comunitarias se mantienen e intensifican, lo mismo que las amenazas de que son objeto por parte de grupos delincuenciales y de fuerzas federales y estatales, quienes no desisten en su intento de atacar y desarmar a los policías comunitarios de la región.

“Denunciamos que hasta este momento ninguno de los acuerdos tomados por las instancias de gobierno para la solución de la grave problemática de nuestra comunidad ha sido cumplido a cabalidad. Lo que contribuye a la grave situación de riesgo de que regrese la violencia por parte de la delincuencia organizada o de las fuerzas policiacas y militares”, se lee en un una carta pública emitida por la Comisión para la Defensa de los Bienes de la comunidad de Santa María Ostula.

En este contexto que, el pasado 15 de octubre, representantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, así como los comandantes de las policías comunitarias de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcoman, se reunieron con autoridades federales y locales.

En dicho encuentro, enfocado en la revisión del cumplimiento de los acuerdos del 23 de julio, se pactó el establecimiento de dos mesas de trabajo que iniciarían a finales de la próxima semana y en las cuales se acordarían los mecanismos para atender cada una de estas peticiones.

“Urgentes” e “irrenunciables”, así califican los comuneros y comandantes de las policías comunitarias de la sierra costa de Michoacán al conjunto de sus demandas. Éstas son: la liberación del comandante Cemeí Verdía Zepedea; garantías para los policías comunitarias de Aquila, Chinicuila y Coahuayana y Coalcomán; castigo a los responsables de los hechos del 19 de julio, en los que fueron asesinadas 34 personas y desaparecidas otras cinco; detención de Federico González, “El Lico”, y de Mario Álvarez Alias, “El chacal”, líderes templarios en la región; reparación del daño a las víctimas y sus familiares conforme estándares internacionales; solución al conflicto agrario de la encargatura de San Diego Xayakalan; garantías para el aprovechamiento de la madera asegurada por la comunidad; y castigo a los responsables de ecocidio, violencia y despojo.

En su carta pública, la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula reitera que su lucha y demandas son “por la vida de nuestras familias y de nuestra madre tierra, por lo que renunciar a ellas sería aceptar la muerte y el terror como única vida posible”.