En la mañana de este martes 12 de Abril, mientras las fuerzas policiales del Estado de México continuaban avanzando en el otro extremo del estado, en San Francisco Xochicuautla, un convoy de de militares ingresaron a terrenos ejidales de la comunidad para escoltar a una cuadrilla de trabajadores de una de las empresas privadas encargadas de la construcción de un nuevo Aeropuerto para la ciudad de México.

Integrantes de la comunidad que resiste desde hace más de diez años a la expropiación de sus tierras relataron a Desinformémonos que el día anterior, lunes 11, un funcionario de la empresa ya se había hecho presente en las tierras comunales, sobre la base del Cerro Huatepec (que significa Cerro del agua, en Náhuatl) con la intención de “realizar mediciones”. Ante la intromisión, los pobladores se acercaron y reaccionaron.

“Los compañeros le dijeron que no podían estar en tierras comunales porque estamos en litigio, que no les permite entrar en el terreno. Les dijeron que entendemos que ellos son trabajadores y no tienen nada que ver con el conflicto, pero para no meterse en el problema, les pedimos que se retiraran y así lo hicieron.”

Para cuando volvieron en el mediodía del martes 12, lo hicieron escoltados por personal del ejército.

¿Tiene que ver esta incursión con la avanzada que resisten en Xochicuautla?

“Sí, entendemos que sí. El proyecto de la autopista es parte de la comunicación que pretenden darle al Aeropuerto que quieren construir aquí. Ellos saben que en Atenco siempre vamos a dar una respuesta, a esta intromisión como al ataque en Xochicuautla. La reacción de la gente de aquí fue de molestia ante la imposición de uno de los proyectos más impopulares de Enrique Peña Nieto. No los queremos aquí.”

Así como la comunidad otomí, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que parió Atenco en los comienzos de la lucha, participan de la Campaña por la Defensa de la Madre Tierra que fue lanzada el último domingo y son son parte clave del Fuego de la Digna Resistencia, la coordinación de las luchas del Estado de México que combaten la recientemente aprobada “Ley Eruviel” que “reglamenta” el uso de fuerza letal en manifestaciones públicas, así como de otros elementos que hasta ahora estaban prohibidos (como los aparatos para dar descargas eléctricas) cuyo uso sólo dependerá de las jerarquías policiales que lleven adelante los operativos, dejando en las sombras al poder político, que siempre tiene un costo que pagar cuando manda reprimir una manifestación popular.

En el caso de Atenco, también tienen ganado un amparo que aleja a los constructores de las tierras disputadas. Pero tampoco desoyen lo que sucede en este momento en Xochicuautla: la comunidad otomí lleva dos días resistiendo al atropello policial, comandado por el departamento de sistemas de autopistas del Estado de México y funcionarios de la empresa Higa, que entraron a tierras comunes, violando la sentencia del amparo promovido por la comunidad indígena en contra del decreto presidencial de julio de 2015. La sentencia obtenida en Marzo de este año obliga a detener la expropiación de esas tierras para construir una parte del trazado de la autopista que una Toluca y Naucalpan, “hasta tanto no se soluciones el conflicto de fondo” entre la comunidad y el gobierno.

Con esa violación en mente, la comunidad de Atenco comenzó desde esta tarde a realizar guardias diarias, para evitar que sigan las incursiones a las tierras ejidales. “Llamamos a las organizaciones solidarias a sumarse a acciones como esta y otras que estaremos comunicando posteriormente.”

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ya está instalado en ambos pueblos, desde dónde analizaron la situación: «No es coincidencia que estos hechos se den en días sucesivos. La presencia militar en Atenco demuestra que de la coordinación represiva también participa el gobierno federal. Esto es un intento de legitimar por vía de la fuerza, la imposición de la Ley Eruviel en el estado de México»

La Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los derechos humanos interpuso el «incidente» ocurrido en Xochicuautla frente al juez que resolvió el amparo para solicitar su actuación al respecto.

Por su parte, el Zeferino Ladrillero emitió una comunicación urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando que emita medidas cautelares en favor de la población indígena de San Francisco Xochicuautla y también, enviaron una nota recordatoria del mismo pedido que ya fue solicitado en favor de San Salvador Atenco.

«Desde el Zeferino Ladrillero estimamos que estos atraque son un viraje en la estrategia del gobierno del estado de México para provocar la imposición de la Ley Eruviel, en los 90 días que tiene de plazo legal para hacerlo. Lo que están buscando es una confrontación física con los pueblos y organizaciones del estado para cosechar argumentos favorables a la necesidad de una ley violatoria de los derechos humanos como es esta, que permite atacar con munición real a población civil desarmado. Alertamos que así como Xochicuautla y Atenco están en la mira los pueblos de Tecámac, Coyotepec y San Francisco Magú. Estamos alerta.»

Fotos: Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra