Acapulco, Guerrero | Desinformémonos. Miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas, cuando pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local.

La acción violenta, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dejó un saldo inicial de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor, por lo que  el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad, conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército, para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Tlachinollan detalló que en el momento en que un helicóptero sobrevolaba el lugar, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de otros tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco, sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz, y la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias “en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso”.

Los familiares, señala el centro de derechos humanos, temen “que sus familiares puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde el estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial”.