Pobladores de la provincia de Cañar se movilizaron y efectuaron una rueda de prensa para expresar su preocupación por la construcción de un poliducto desde Pascuales hasta la ciudad de Cuenca que atravesará territorio de las comunidades.
Según indican, se sabe y se teme que el Proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca afectará a fuentes de agua, canales de riego, la biodiversidad local, zonas productivas agrícolas y pecuarias, zonas de alta concentración poblacional y zonas con riesgos geológicos.
El proyecto del ducto multipropósito Pascuales-Cuenca tendrá una extensión de 210 km, desde la ciudad portuaria de Guayaquil hasta Cuenca, capital de la provincia de Azuay, y permitirá prescindir del transporte por camión.
Manuel Guamán, presidente de la Unión Provincial de Comunas y Comunidades del Cañar (UPCCC) dijo: “No estamos en contra del proyecto. Estamos en contra de la afección de los pequeños terrenos agrícolas de los comuneros, porque el ancho que requieren es de sesenta metros”.
El poliducto a cargo de Petroecuador tiene la finalidad de transportar combustibles derivados del petróleo, gas, gasolina y diesel.
Dirigentes de la Provincia de Cañar denunciaron que hasta la fecha no les entregan ningún tipo de información, y no se les ha consultado a las comunidades.
Según los dirigentes de Jalu Pata, la tubería afecta a casas comunales, canchas de uso múltiples, canales de riego, sistemas de agua comunitarios y en especial sus vertientes, por lo que solicitan que el diseño sea revisado.
La dirigente comunitaria María Victoria Puma Quisa expresó su preocupación por la pérdida de los bienes que puede significar la construcción del poliducto.
En tal sentido exhortaron a las autoridades a pronunciarse y proporcionar información técnica del proyecto, solicitud que se ha efectuado meses atrás sin ser atendida.
Recordaron que en asambleas realizadas se acordó exigir a Petroecuador el replanteo del proyecto y realizar una socialización masiva a toda la población potencialmente afectada para conocer sus ventajas y desventajas.
Asimismo, conformar una veeduría social a nivel comunitario, cantonal y provincial.
Recordaron que de acuerdo a la Constitución Política el Ecuador es un Estado Intercultural y Plurinacional y los pueblos originarios son dueños de sus territorios y no pueden ser afectados de manera inconsulta.