Nosotras mujeres, campesinas, indígenas que luchamos por una Ley de Aguas que favorezca a los intereses de la mayoría de la población, desarrollada a partir de los planteamientos de la Constitución de Montecristi, y partícipes de la Caminata por el Agua, la Vida y la Libertad de los Pueblos, desde Zamora hacia la ciudad de Quito,

Creemos:

Que no desarrollar la Ley desde la Constitución, que establece que el agua es un derecho humano fundamental y que prohíbe toda forma de privatización del agua y su redistribución, al tiempo que dispone que las comunidades, conjuntamente con el Estado, deben operativizar el uso del agua, sería una clara traición al mandato popular.

Que no incorporar las propuestas presentadas por las organizaciones en el proceso de consulta prelegislativa, va en contra del ejercicio de la participación democrática en un Estado de derechos.

Que permitir actividades mineras en fuentes de agua como se pretende en la Cordillera del Cóndor, Fruta del Norte, Pananza, Kimsakocha, Río Blanco, Jeco, Aguarongo, Fierro Urco, Jatun Kañar, Pacto-Nanadel-Nanadelito, Intag, San Luis de Pambil, San Pablo de Amalí, atenta contra el derecho humano al agua, a la alimentación y a la soberanía alimentaria.

Que la prohibición de la privatización del agua no contempla la redistribución de las concesiones anteriores, otorgadas en su mayoría a los sectores agroindustriales, bananeros, hacendados, entre otros, permitiendo la concentrándose en pocas manos del uso y aprovechamiento del agua.

Que la creación de una Autoridad Única del Agua elimina la posibilidad de la participación directa de los sectores campesinos, entre ellos, las mujeres quienes al ser cuidadoras del agua en nuestros hogares y comunidades sentimos la necesidad de participar en las decisiones relacionados con este bien común.

Por lo tanto:

Rechazamos la aprobación de la Ley de Agua que no incorpora las demandas de las organizaciones entre ellas:
– la extinción, prevención, prohibición y sanción a toda concesión extractiva que se encuentre en fuentes de agua y zonas de recarga hídrica;
– la eliminación de toda forma de privatización y acaparamiento del agua para su inmediata redistribución para el pueblo;
– la conformación del Consejo Plurinacional del Agua, como autoridad única y rectora con participación y decisión comunitaria, como un paso concreto para la construcción del Estado Plurinacional;

Rechazamos la aprobación de esta ley que ha eliminado las disposiciones sobre la soberanía alimentaria para favorecer la transformación de la matriz productiva ampliando el extractivismo.

Ratificamos nuestra participación permanente en la Marcha por el Agua, la Vida y la Libertad de los Pueblos e invitamos a otros sectores y organizaciones de mujeres a sumarse a esta caminata que busca fortalecer los procesos de resistencia.

Exigimos al Estado Ecuatoriano respeto a los derechos fundamentales, como el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria, contemplados en nuestra norma constitucional y ratificados por el Estado ecuatoriano en los Tratado Internacionales.