Oaxaca, Oaxaca. A dos años del desplazamiento forzado que viven tras la quema de sus viviendas por la defensa de su bosque contra la tala clandestina, afectados de las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji, que pertenecen al municipio mixteco de San Esteban Atatlahuca, marcharon por las calles de Tlaxiaco, Oaxaca, para exigir justicia y esclarecimiento de los hechos.
Son alrededor de cien personas, que conforman unas 20 familias, las que están refugiadas en Tlaxiaco, Oaxaca sin poder regresar a sus casas, porque, aseguran, no hay condiciones.
Sebastiana Paz Bautista, representante de las personas desplazadas, dijo en entrevista que “no hay atención de las autoridades”, y que se han organizado solos para sobrevivir a pesar del riesgo que corren por defender su tierra y su bosque.
Los desplazados explicaron que cuentan con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana MC-1050-21 y la acción urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU AU núm. 1456/2021 a 1460/2021., sin embargo siguen viviendo fuera de sus casas y su comunidad.
“El gobierno mexicano ha incumplido con las medidas cautelares, eso es una irresponsabilidad, mientras tanto nosotros tenemos que vivir con lo que podemos y tenemos”, afirmaron.
Mientras marchaban, denunciaron que el día del desplazamiento forzado también fue asesinado Isidro Hernández, sin que hasta el momento haya esclarecimiento de su crimen. También recordaron que cuatro personas continúan desaparecidas: Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño, a quienes se les vio por última vez el día del ataque, el 21 de octubre del 2021.
Aseguraron que la desaparición de la guardabosques Irma Galindo Barrios está relacionada con los hechos violentos, pues ella denunció las agresiones en redes sociales y a la semana siguiente fue vista por última vez en el metro de la Ciudad de México.
Las niñas y niños acuden a la escuela de Tlaxiaco, porque no había otra opción y además es un derecho que se les violentó por casi un año. En el albergue se han hecho adecuaciones para que cada uno tenga su libertad, y puedan vivir dignamente.
En entrevista con el abogado Maurilio Santiago, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, dijo que otorgar medidas cautelares fue un hecho histórico, “pero desgraciadamente no se ha cumplido”.
“Nosotros como organización pedimos que se cumpla este requerimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH lo antes posible. Esta tardía acción de casi dos años es muestra de la violencia institucional en la exigencia del cumplimiento de los derechos”, indicó.
Informó que en el mes de julio del 2022, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la causa penal 066/2022, emitió orden de aprehensión contra Carlos Reaño Sandoval y Rogelio Bautista Barrios, autoridades locales de ese entonces, pero fueron liberados por un Juez de Control al referir infundadamente que la detención había sido ilegal.
“Solicitamos el cumplimiento de la medida cautelar MC-1050-21 y la acción urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU AU núm. 1456/2021 a 1460/2021., ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es obligatorio para el Estado Mexicano cumplir dichas acciones urgentes”, concluyó el abogado.
