Una denuncia escalofriante de Disability Rights International (DRI) que trabaja por los derechos de personas con discapacidad intelectual, publicó el jueves 11 de mayo el sitio en internet www.animalpolítico.com,  en la que esta organización no gubernamental internacional acusa que «tras 20 años de trabajo en el país, no ha visto avances para evitar que personas con discapacidad intelectual sean víctimas de tortura, violencia sexual y esterilización forzada».

DRI anunció que ante la falta de avances y compromiso de parte del Estado mexicano, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar casos de abusos «atroces» y violaciones en contra de personas con discapacidad «que se cometen con el consentimiento de autoridades».

Uno de los casos emblemáticos que menciona DRI es el de Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales S.C., que alojaba a 37 personas con discapacidad intelectual y recibía recursos públicos tanto federales como locales. Se notificó a las autoridades de la capital mexicana sobre los abusos cometidos en ese lugar desde junio de 2014 y otra vez en mayo de 2015, cuando esa organización publicó el informe “Sin Justicia. Tortura, tráfico y segregación en México”, pero no fue sino hasta el pasado 5 de mayo que el Gobierno de la Ciudad de México informó que esas personas fueron reubicadas en otros centros, tras la clausura, en abril, de las instalaciones de esa casa hogar.

DRI subrayó que «nadie está en prisión por los abusos cometidos y aunque les presentamos el caso, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ni siquiera se asignó un expediente al caso”, lo que habla muy mal, además, del desempeño de esta comisión.

Entre los abusos denunciados están la esterilización forzada de mujeres internas como respuesta a los abusos sexuales de los que son víctimas, porque, argumentaron las autoridades mexicanas, «no podían protegerlas de abusos sexuales y era mejor evitar las consecuencias de esos abusos que seguramente podían ocurrir”.

También DRI denunció el uso de jaulas de un metro cuadrado para encerrar y “contener” a niños y adultos; la presencia de personas con las manos atadas detrás de la espalda para limitar su movimiento o grupos de 25 pacientes que permanecían todo el día en un espacio de 10 metros caminando en círculos.

Aún con la denuncia de todos esos abusos y violaciones, el Gobierno de la Ciudad de México, que se suponía tiene algunas de las políticas públicas más avanzadas del país en la atención de personas marginadas, en situación de abandono o discapacitadas, se tardó dos años en atender esa denuncia. Pero además la reubicación ocurrió en otras instituciones en las que también se priva de libertad a personas con discapacidad intelectual en contra de su voluntad, subrayó DRI.

Hay que mencionar que tanto en la capital mexicana como en otras ciudades del país se puede ver a personas con deficiencia mental en situación de calle, abandonadas, desnutridas, deambulando sin ninguna atención institucional.

“Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en una comunidad como cualquier otro ciudadano. No hay forma de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad mientras las mantengan en el encierro involuntario. Eso es lo que ocurre en México y por eso acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI, quien también refirió que recibieron amenazas e intimidación en la víspera de informar a la prensa sobre la posibilidad de llevar este problema ante la CIDH, por lo que cancelaron la conferencia de prensa que iban a dar y decidieron reunirse en forma privada con algunos periodistas.

En el informe antes citado, DRI explica que la justicia para las personas discapacitadas sometidas a las torturas y abusos denunciados, «requiere un cambio fundamental en el modelo institucional. El cambio es posible -las personas con discapacidad han demostrado en todo el mundo que pueden vivir vidas buenas y significativas al ser parte de la comunidad. El cambio comienza con el gobierno creando hogares y apoyos basados en la comunidad para las personas con discapacidad y poniendo fin a la tortura. La justicia depende de estas reformas- así como la reparación del daño a las víctimas y el enjuiciamiento de los perpetradores del abuso, la trata y la tortura de las personas con discapacidad”.

Asimismo, asevera que «la falta de servicios públicos en la Ciudad de México, o en cualquier parte del país, para atender en la comunidad a las personas con discapacidad, no tiene justificación debido a la enorme atención internacional que el tema ha recibido -incluyendo la denuncia por parte de autoridades de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas».

DRI añade que tras la publicación de su informe en el año 2000, Derechos Humanos y Salud Mental: México (disponible en www.DRIadvocacy.org), el gobierno mexicano llevó las preocupaciones de las personas con discapacidad a las Naciones Unidas y patrocinó una resolución para redactar una nueva Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). «Al patrocinar la CDPD, México hizo una importante contribución al derecho internacional y a los derechos de las personas con discapacidad. Pero México no ha implementado estos derechos para sus propios ciudadanos, los cuales siguen detenidos en instituciones» afirma. Nuevamente se evidencia el abismo entre el discurso de las autoridades y los hechos.