Ciudad de México | Desinformémonos. El dictamen con el proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior, la cual otorga mayor poder y control a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, fue aprobado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con 18 votos a favor y 13 en contra.

Organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil denunciaron que el Congreso no tiene facultades para legislar sobre la seguridad interior e incumple con el mandato para que los civiles manejen la seguridad pública.

«A una década de la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’ los resultados no han sido los esperados ni en el combate a la violencia ni en la reducción de la criminalidad ni en el fortalecimiento de nuestras instituciones policiales y de justicia”, agregaron.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por las ONG, desde que las Fuerzas Armadas se involucraron en materia de seguridad pública las cifras de homicidios incrementaron de 10 mil en 2007 a 23 mil en 2016.

Las organizaciones añadieron que la propuesta para permitir que las Fuerzas Armadas ejerzan su poder sobre la seguridad pública atenta contra los tratados internacionales ratificados por México y a las recomendaciones de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde principios del año, varios especialistas y organismos nacionales e internacionales han remarcado las violaciones que desataría la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, además de que la han calificado de “inconstitucional”.

“No es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”, dijeron las organizaciones sociales en enero.

Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab, explicó que “cualquier medida de despliegue militar no va a tener el efecto deseado por la gran impunidad existente” en México, y que la militarización no es la forma de combatir la delincuencia, “sino la certeza de que se castigará el delito” lo que realmente contribuirá a la lucha contra el crimen organizado.