La campaña permanenente “Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca” registró en seis meses un total de 59 agresiones contra personas defensoras y procesos colectivos de defensa en Oaxaca, por lo que alerta sobre el aumento de la difamación y criminalización en el estado y el país.
“Desde el poder se recrudece la difamación del ejercicio de defensa de los derechos humanos. En los primeros seis meses del nuevo gobierno en Oaxaca fueron criminalizadas y hostigadas 18 organizaciones o comunidades”, señala la campaña de EDUCA A.C. en su boletín de análisis.
Las difamaciones por parte de autoridades estatales y federales “preparan el terreno para actos represivos, ejecutados por grupos civiles al servicio de caciques, empresas, cuerpos policíacos locales o estatales y autoridades federales”, alerta la campaña.
Ejemplo de ello son los tres desalojos violentos de la población mixe de Mogoñé Viejo en el Istmo de Tehuantepec que protesta contra las afectaciones del megaproyecto del Corredor Interoceánico.
En diciembre de 2022, la ONU Derechos Humanos y la CIDH advirtieron en una declaración conjunta sobre “el incremento de discursos estigmatizantes que buscan deslegitimar, o bien silenciar la labor de defensa de los derechos humanos” en la región. El monitoreo de “Alas y Raíces” verifica esta tendencia peligrosa.
Pese a este sombrío panorama, también se ven luces de esperanza: la solidaridad logró frenar la criminalización de la defensa de derechos en Oaxaca, Puebla y Chiapas. Y de siete personas defensoras registradas como desaparecidas durante este 2023, tres regresaron con vida gracias a la “inmediata alerta desde la sociedad y en consecuencia la oportuna intervención de las autoridades” que garantizó su derecho a la vida.
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