Chilpancingo, 21 de abril. El dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC), Valentín Hernández, alertó que 30 por ciento del territorio mexicano se ha devastado por la explotación minera a manos de empresas extranjeras y reprochó que la Federación ya autorizó otros 800 proyectos. En una reunión que sostuvieron organizaciones sociales en defensa de sus territorios y recursos mineros ayer viernes en la ciudad de México, acodaron hacer un llamado a toda la población para exigir un alto al saqueo mineral y la explotación desmedida de los recursos naturales de sus pueblos y comunidades. Mediante un comunicado se informó que el movimiento contra la mega minería tóxica integrado por organizaciones como Pro San Luis Ecológico, Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, Medio Ambiente y Sociedad, Baja California Sur; Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero (CRAC-PC), Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpan de Méndez, Oaxaca así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán en San José del Progreso, Oaxaca, las Accionistas de Impulsora Minera de Angangeo, Michoacán y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales han luchado desde hace varios años para impedir la instalación de mineras a cielo abierto y que son altamente tóxicas. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, “los monopolios mineros, en complicidad con el Estado, han continuado saqueando y despojando los recursos minerales dejando sólo pobreza, devastación de grandes extensiones del territorio nacional, muerte, contaminación, pueblos divididos y confrontados, destrucción del tejido social comunitario, daños irreversibles a la salud”. El dirigente de la CRAC dijo que en la reunión se alertó sobre la voracidad de las empresas extranjeras, quienes tienen en su poder más 30 por ciento del territorio mexicano. “Más de 30 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas extranjeras. Están autorizados más de 800 proyectos mineros y cada día se aprueban nuevos”, dijo. Argumentó que debido a que la explotación minera genera “jugosas ganancias”, no les importa despojar a los legítimos dueños de los territorios. De igual forma las organizaciones reprocharon el pago simbólico que se les hace a los dueños de las tierras explotadas, pues fluctúa entre los 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, sin pagar ningún otro impuesto. “Para las empresas es ganar-ganar, mientras que para los pueblos y el Estado, es perder-perder”, criticaron Lamentó que dondequiera que hay resistencia ante este despojo el Estado mexicano y las empresas mineras reprimen los movimientos, lo que ya ha provocado varias muertes. “Los movimientos en contra de la gran minería tóxica estamos llamando a la unidad de todas las personas, pueblos, comunidades y movimientos que luchan contra estos depredadores del país”, dijo el dirigente. Agregó que se están creando coordinaciones regionales y nacionales para intercambiar experiencias en defensa del territorio además de iniciar un proceso de coordinación nacional para lograr la modificación del marco normativo en materia de minería, sobre todo “la anticonstitucional” Ley minera.