«Sabemos que estamos tocando callos, pero esos callos van a tener que quitar el dolor de las víctimas», señaló Vélez en declaraciones a una radioemisora.

El funcionario explicó que ahora viene un proceso de carácter jurídico con el fin de recuperar dichos predios, luego que se realizara la revisión de más de un millón de hectáreas de tierras. A su vez, indicó que 310 mil casos irán ante los jueces agrarios para dirimir los conflictos.

Al respecto, subrayó que el Estado tiene todas las pruebas de que las tierras en litigio son de desplazados.

Acorde con fuentes oficiales, en lo corrido de la actual administración se han entregado un total de 850 mil hectáreas, la mayoría correspondientes a baldíos y una pequeña parte a restitución.

La Ley de Victimas y Restitución de Tierras que impulsa el Gobierno pretende reparar a los afectados por el conflicto armado interno y restituir a los desplazados más de dos millones de hectáreas de tierras, usurpadas por la violencia.

No obstante, más allá de la letra, su aplicación se vislumbra tortuosa y sangrienta, pues desde su aprobación y sanción presidencial, una veintena de personas que reclamaron esos derechos fueron asesinadas y otras amenazadas de muerte.

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