Tormentas y esperanzas

Tamara San Miguel Suárez

Desde arriba despojo y control, desde abajo autonomía y defensa de la vida

A unos días de que tome protesta Claudia Sheinbaum podemos ver un país en el que la represión se intensifica y en el que las dinámicas de saqueo, los intentos de control de los hilos más profundos de la vida cotidana y la gestión de la guerra para despojar el territorio y criminalizar a loas defensores del medioambiente, de los derechos humanos y luchadoras sociales son la constante, una constante silenciada, pero cada vez menos oculta. La Guerra está penetrando lo más cotidiano, los hilos de las dinámicas sociales y comunitarias más profundos y normálizando un cada vez más feroz negocio de la vida y sus cuerpos sociales, ambientales e individuales en todos sus níveles.

En el marco de los acuerdos de la Quinta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI) se realizaron tres foros virtuales (en distintas fechas) el foro virtual “cuarteles y cárteles: violencia del narco-estado capitalista contra los pueblos”, el foro sobre “fabricación de culpables y delitos contra defensor@s del territorio” y uno llamado “hasta encontrarles: la grave situación de la desaparición forzada en México”.

En dichos foros participaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas, Hortensia Telésforo de San Gregorio Atlapulco, Mazatecas por la libertad, el Consejo Indígena Supremo de Michoacán, Movimiento en Defensa del Agua de la cuenca Libres-Oriental, la comunidad Otomí Residente en la ciudad de México, el Comité de acompañamiento Escolásticas, Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, CIPOG-EZ, Centro Prodh, MAIZ y los familiares de Ricardo Lagunes.

De estos diversos intercambios se pueden distinguir los patrones en los que se ha dado la impunidad en casos de desaparición, homicidio, tortura y en torno a las denuncias de represión, hostigamiento y criminalización, dan cuenta de una estrategia de Estado que protege los intereses de las multinacionales y de la relación de interdependencia con el crimen organizado legal e ilegal. Se puede ver en las diversas palabras y experiencias que las acciones de este sexenio han fortalecido e intensificado el despojo provocando grandes desplazamientos, que los diversos grupos del crimen organizado operan estratégicamente en una fuerte dinámica de control de los territorios en los que las dinámicas de muerte y de mercantilización de la vida reflejan una guerra absurdamente normalizada.

Desde las experiencias que narran la problemática de las detenciones arbitrarias, de la fabricación de culpables y de la criminalización de las y los defensores se distingue cómo en esta administración el derecho a pensar distinto, a ser rebelde ha sido constantemente satanizado y desacreditado colocando las piezas para que las y los rebeldes sean agredidos, justificando lo que hemos visto en las úlimas semanas. Desde la agresión ejercida contra las y los defensores del medioambiente de Xochimilco y de grupos solidarios y la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México (el 5 de septiembre de este año) por parte de grupos parapoliciales que demostró que al Gobierno de la Ciudad de México y al alcalde de Xochimilco les estorba el movimiento social autónomo y que están dispuestos a desatar aciones de brutalidad policiaca, con características represivas al más viejo estilo. Hasta las graves amenazas contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas, la violencia ejercida contra Normalistas en Oaxaca y la cada vez más común indiferencia del Estado con el dolor de los familiares de las y los desaparecidos que ahora a 10 años de Ayotzinapa se nombran en los 43 estudiantes y dejan claro que fue el Estado y fue el Ejército.

Mientras en Chiapas, una militarización descontrolada y el crecimiento del crimen organizado que tiene su origen en grupos que aprendieron de la violencia paramilitar y de la contrainsurgencia hoy se encarnan en grupos criminales que trafican armas, estupefacientes y personas, los negocios más viles, y los crímenes más atroces, la Guardia Nacional contempla reflejando la complicidad con estas prácticas.

Se intensifica una guerra contra todos y todas, cuando ven hacia abajo las redes de poder buscan propiciar que con las dinámicas de los “apoyos sociales” y de confusión y fragmentación entre comunidades se consolide el control del Estado y de corporaciones legales e ilegales para disponer de los territorios. Y legalmente se están perdiendo los mecanismos de control del poder político dejando abierta la puerta a que más crímenes de poder, de Estado, de las corporaciones tengan lugar sin ningún costo, sin alterar sus negocios o carreras políticas.

En resumen estamos ante intentos de apropiación y control del territorio no solo de forma geográfica sino de forma social y ante el fortalecimiento del racismo institucionalizado y estructural que se jacta de todo lo contrario y que con el descaro lleva a cabo intentos de recolonización criminal. Este Estado que impulsa reformas que suenan a una cosa pero en realidad buscan otra, que por un lado nombran sujetos de derechos y por otro buscan los términos legales para disponer de la tierra, el agua, la vida y todo lo que en los territorios se crea y recrea cotidianamente. Que echa a andar proyectos que bajo pretextos de sustentabilidad y ecología cambian el uso del suelo para despojar y controlar el territorios.

A unos días de que llegue Sheinbaum aplaudida por las trasnacionales, con Altagracia Gómez como coordinadora del Consejo Asesor Empresarial se avisora un gobierno aún más capitalista, un descaro que parece ser aún peor, un país con las vías legales completamente supeditadas a la figura presidencial y unas fuerzas armadas metidas en la vida pública y moviéndose sin controles civiles, empoderadas y legitimadas en medio de una guerra que solo cambia de forma, en medio de aberrantes cifras de desaparición y sumergidos en una crisis forense que deja más de 72,000 cuerpos sin identificar.

Hoy más que nunca se puede decir que el Estado no dará pie a la justicia, que esconderá la verdad detrás de las miles de historias de atrocidad en éste país, que el Estado no es la solución, ni la dará, que es desde abajo desde donde la justicia se hace, se construye y reconstruyen las verdades con solidaridad, apoyo mutuo, lucha y organización. Después de estos 6 años ha quedado muy claro que ya no se puede seguir esperando nada de un sexenio más, que no importa el partido en cuestión, ni el género de la mandona en turno.

Como lo enseñan los pueblos del Congreso Nacional Indígena es posible detener el saqueo, parar el despojo, reorganizar de otro modo el territorio, defender la vida y hacer todo de otro modo, como nos lo siguen mostrando las comunidades zapatistas en medio de la tormenta.

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida tratan de acompañar y tejer caminos entre luchas. Son integrantes del Nodo de Derechos Humanos, del proyecto Etćetera Errante y Adherentes a la Sexta Delcaración de la Selva Lacandona.

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