Foto: Greenpeace

La instalación de las mineras avanza en Catamarca y San Juan, a pesar de las advertencias del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, de geólogos y de las asambleas comunitarias. MARA se construye sobre una quebrada y descargaría cualquier derrame en los afluentes del río Andalgalá; mientras que Josemaría proyecta un depósito de residuos de 190 metros de alto en una zona de «muy alta peligrosidad sísmica».

Desde Andalgalá y Jáchal

Temblores y terremotos en San Juan. Grandes crecidas de ríos en Catamarca. Las experiencias —antiguas y recientes— con estas catástrofes naturales están ancladas en las memorias colectivas de estas provincias. Pero no se trata sólo de recuerdos: son alertas.

Pese a las experiencias históricas y a las advertencias de especialistas, sordamente y con el aval de los gobiernos, los proyectos megamineros MARA (Catamarca) y Josemaría (San Juan) avanzan en territorios donde los aludes y los terremotos son más que riesgos potenciales.

Así, en la cordillera sanjuanina, la canadiense Lundin Mining Corp proyecta construir un dique de colas sobre una fractura geológica en una zona de peligrosidad sísmica extrema. En el oeste catamarqueño, la corporación suiza Glencore remueve el suelo y planea abrir una mina a cielo abierto en la naciente del río Andalgalá, que desemboca en el pueblo.

Por estos riesgos y la afectación inminente de ríos y glaciares, la Asamblea El Algarrobo califica como “inviable” al proyecto MARA y la Asamblea Jáchal No se Toca sentencia como “una locura” a Josemaría. Pese a las denuncias y reclamos constantes, los gobiernos nacional y provinciales fingen sordera, mientras el Poder Judicial mira para otro lado. Con este poder discapacitado, las trasnacionales mineras avanzan conscientes de los efectos que implican ambos proyectos para la biodiversidad y las poblaciones.

Josemaría, peligroso experimento en un provincia que tiembla

Algunas de las muchas paredes de adobe que se alzan a los lados de las calles de San José de Jáchal exhiben, como cicatrices, las grietas profundas que las atraviesan. Algunas, al menos algunas, serían las marcas que dejan los constantes sismos que afectan a la región, según afirman vecinos de este pueblo ubicado en el norte de San Juan.

En los últimos 80 años, esta provincia cuyana se ha visto literalmente sacudida por una decena de sismos que superaron la intensidad VI en la escala de Mercalli. El más trágico de la historia argentina se registró allí, en 1944, y se cobró la vida de 10 mil personas. El más reciente ocurrió en 2021.

Aunque no lleguen a ocupar espacio en los periódicos, no es exagerado decir que los temblores son cosa de todos los días en San Juan. Casi a diario, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registra sismos de distintas magnitudes con epicentro en esta provincia que, además, es la más impactada por estos eventos. Meses atrás, el INPRES actualizó el mapa de zonificación sísmica y catalogó a San Juan como territorio de peligrosidad elevada y muy elevada.

En este recuento de “podios” de la historia sísmica argentina que tiene como protagonista a San Juan queda mencionar el terremoto de mayor magnitud. Alcanzó una intensidad IX en la escala de Mercalli y una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter. El epicentro fue localizado en el extremo noroeste de la provincia de San Juan, en el departamento Iglesia.

Justo allí, en ese punto del mapa, el proyecto Josemaría pretende construir su dique de colas, es decir, su almacén de residuos mineros. Como si esto fuera poco, Deprominsa —subisdiaria de Lundin Mining Corp— ideó un muro principal de 192 metros de altura para contener las aguas residuales del proceso minero. “Existen prácticamente nulos antecedentes, a nivel mundial, de diques de colas que posean una altura de casi 200 metros”, señala en su informe el INPRES y suma otras características como la construcción sobre suelo no compacto, su permeabilidad media y las aguas freáticas en superficie, para rematar que “tales situaciones lo hacen muy propenso a sufrir el fenómeno de licuación de suelos frente a la acción sísmica”.

En este informe, el mismo organismo hace constar que “el IIA (Informe de Impacto Ambiental) muestra una falla geológica no caracterizada bajo el Muro Principal, dispuesta transversalmente al eje longitudinal del mismo”. Y en otra parte remarca que, “dicho muro estará emplazado en una zona de muy alta peligrosidad sísmica”.

También marca una inconsistencia. Mientras “la evaluación del depósito de colas ante las consecuencias de la eventual falla de su estructura es clasificada de ‘Muy Alta’, de acuerdo con la Asociación Canadiense de Presas (CDA)”, los sismos probables exigen, de acuerdo con las mismas normas, una “clasificación de Peligrosidad ‘Extrema’”.

En sus conclusiones, el INPRES subraya, además, que el dique de colas “es una obra que permanecerá allí a perpetuidad y estará sujeta sin duda a las máximas acciones sísmicas establecidas en el Proyecto y a otros fenómenos naturales” y que una falla “tiene el potencial de impactar fuertemente en el Ambiente generando impactos irreversibles”.

Además califica como “insuficiente” la información suministrada por la empresa, reitera los riesgos y advierte que en el IIA “subvalúan las acciones sísmicas”. Debido a esto, el organismo nacional sugirió el cambio en el diseño del dique de colas y, aunque la empresa aceptó la propuesta, según hace constar el INPRES, “en esa respuesta no da mayores detalles del Nuevo diseño”.

Pese a las reiteradas advertencias, la misma empresa se jacta de haber obtenido “la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) otorgado por la autoridad minera en abril de 2022”. Ante esto, la Asamblea Jáchal No se Toca calificó como “fraudulenta y corrupta” la aprobación y responsabilizó al entonces gobernador Sergio Uñac por convalidar un informe plagado de observaciones y llamados de atención.

Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea, grafica con una analogía esta irregularidad: “Si en la escuela secundaria hacía un trabajo y me lo observaban 171 veces, yo tenía que rehacer el trabajo. No me lo aprobaban”. Y agrega: “No me podes cambiar uno de los ejes, como es el paredón del dique de colas, y decirme que ya lo tenés aprobado pero que le vas a hacer unas sugerencias, una salvedad. No. Eso es lo principal”.

El avance del proyecto MARA, subestimar la naturaleza

Apenas a dos cuadras de la plaza principal de Andalgalá, un puente de metal da continuidad a la calle. Debajo no corre agua: corre una avenida, en cuyos márgenes se levantan viviendas, algunos comercios, un hotel y el instituto de estudios superiores. No corre agua, pero alguna vez corrió. Esa avenida es el cauce original del río Andalgalá, que fue desviado en 1927 para evitar los daños que causaban sus furiosas crecidas. La memoria colectiva aún recuerda como la mayor catástrofe natural la creciente que en 1915, que arrasó con 67 vidas humanas, viviendas, fincas y seis kilómetros de la línea telegráfica. 

Desde ese lugar, unos 17 kilómetros al norte, en línea recta, justo donde nace ese río, se localiza el yacimiento Agua Rica. El proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera) pretende abrir un pozo de grandes dimensiones (open pit) en la cuenca del río Minas, uno de los tres principales afluentes del río Andalgalá.

Por eso, el doctor en Ciencias Geológicas y montañista Aldo Banchig explica que uno de los factores de mayor incidencia y peligrosidad del proyecto minero es que, en este caso, el desarrollo urbano de la ciudad de Andalgalá se inicia en la misma desembocadura del río. «Es una zona potencialmente receptora de todos los eventos de deslizamientos y flujos gravitacionales masivos que se pudieran producir», advierte.

En una serie de videos, Banchig expone y alerta sobre los impactos y potenciales riesgos del proyecto megaminero que pretende extraer cobre, oro, plata y molibdeno durante 28 años, según explicita un informe oficial de la Secretaría de Minería de la Nación.

Desde la ubicación del yacimiento, a unos 3500 metros sobre el nivel del mar, hasta la confluencia del río Minas con el Río Candado —otro de los afluentes del río Andalgalá—, el terreno desciende 1500 metros en sólo seis kilómetros, con una pendiente que supera los 22 grados. Esta caída tan pronunciada es la responsable de la furia del río, que trae consigo todo lo que encuentra a su paso: rocas sueltas, arena, árboles y ahora vestigios de la actividad minera.

A lo largo del río Andalgalá —cuyas aguas alimentan a la población— se encontraron restos de cascos, mangueras de uso minero y rocas, que provienen del sector mineralizado del yacimiento Agua Rica. En sus recorridos por el río, Banchig registró la presencia de pirita, calcopirita, galena y molibdenita, que no son otra cosa que sulfuros de hierro, hierro y cobre, plomo y molibdeno, respectivamente. Sobre esto, el geólogo explica: “Los más importantes en esta problemática son los sulfuros de hierro y cobre (pirita y calcopirita), que al meteorizarse (oxidarse) producen ácido sulfúrico, que es muy reactivo y sigue atacando todos los restantes a través de la generación de drenajes ácidos y puede, así, liberar otros componentes peligrosos”.

Además, el yacimiento se localiza en una quebrada, originada por una falla, con la que comparte nombre: Minas. Que se encuentre en una quebrada significa que Agua Rica está rodeada por paredes montañosas, por lo que ante un alud o derrumbe sólo hay una dirección posible. Y que haya sido originada por una falla implica que se encuentra en una fractura ocasionada por movimientos tectónicos. Por si esto fuera poco, Banchig explica que la «falla Minas» tiene actividad moderna y, por lo tanto «representa riesgos permanentes por inestabilidad durante la ocurrencia de sismos».

Estas condiciones naturales pueden, a su vez, incrementarse debido a la acción humana. Así, advierte Banchig, la utilización de explosivos para voladuras podría determinar el aumento sustancial de la sismicidad y su función como disparador de procesos gravitaciones, como derrumbes o aludes.

Para el geólogo, las condiciones del terreno —intensa fracturación, inestabilidad del material y abruptas pendientes—, sumadas a condiciones climáticas —como las copiosas lluvias de la época estival— o a la actividad sísmica de la región no pueden subestimarse. “Es necesario plantear las situaciones potenciales de riesgos geológicos y de impactos ambientales que revisten el carácter de irreversibles una vez que se han desencadenado”, alerta, mientras el proyecto avanza con la venia del Gobierno de Raúl Jalil y el Poder Judicial.

En un escenario de recrudecimiento de la dictadura minera —como nombran las comunidades este entramado de empresas multinacionales, gobiernos y Poder Judicial—, los pueblos saben que no hay otra salida que la resistencia en las calles. Y allí están.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva