En el Estado de México existe una «práctica sistemática» de violación de derechos humanos contra comunidades indígenas y pueblos a los que se pretende despojar de sus recursos naturales: tierra y agua y derechos como el acceso a la educación, a la salud y la energía eléctrica, mediante la construcción de autopistas, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y siete «Ciudades del Bicentenario» que incluyen la construcción de un millón de casas y otros megaproyectos, denunciaron hoy mujeres integrantes de pueblos indígenas y del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS),  seis mujeres de organizaciones populares y comunales desgranaron los agravios contra sus comunidades que el CDHZL sistematizó en su informe de labores 2014-2015 (http://cdhzl.org/2015/12/08/informe-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-estado-de-mexico/), algunas que detallaron Itzia Miravete y Janet Ramírez, coordinadoras de Documentación y de Educación en derechos humanos, respectivamente, del citado centro, como que en los últimos dos años 50 personas de distintas comunidades han sido amenazadas y 56 personas han sido detenidas por su labor de defensa de sus recursos naturales y su acompañamiento al magisterio mexiquense.

Hay además un preso político: el profesor Oscar Hernández Flores, encarcelado por un delito que no cometió, agregaron. «Hay un panorama adverso a los derechos humanos en el Estado de México pero se han iniciado procesos importantes de articulación … que puede frenar la crisis humanitaria que se vive no sólo en el Estado de México sino en todo el país», aseveró Miravete. Citó como ejemplo el movimiento Fuego de la Digna Resistencia. En este participan organizaciones de diversos municipios y pueblos mexiquenses como Coyotepec, Apaxco, San Francisco Magu, Nezahualcóyotl, San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan, Tecamac, Chalco, Tlanixco… además del magisterio mexiquense.

En la rueda de prensa participaron además, Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco;  Vanesa Segundo, del pueblo originario (PO) San Francisco Magu; Irma Luna, de Coyotepec; Felipa Gutiérrez del PO otomí de San Francisco Xochicuautla; Aurora Allende del PO otomí San Lorenzo Huitzizilapan y Rosalía Castañeda, de la Coordinadora de Pueblos de Nezahualcóyotl.  Informaron que este jueves 10 de diciembre, que se conmemoran los derechos humanos, habrá movilizaciones regionales para protestar contra los despojos que pretenden hacerles y las violaciones a sus derechos humanos colectivos e individuales.

Todas hicieron un reconocimiento al CDHZL por el acompañamiento y asesoría legal que les está dando en sus respectivas luchas. En la rueda de prensa estuvieron presentes dos enviados de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Tom Hank  y Daniel Zapico.

Ramírez recordó que en Atenco se ha luchado contra un proyecto de aeropuerto en sus tierras desde el 2002. «Sí queremos el progreso pero no a base del despojo de nuestras tierras porque esos proyectos como el que quieren hacer  jamás benefician a las comunidades… nuestra lucha es legítima», afirmó.

Subrayó que aunque el gobierno dice que no está tocando la tierra de Atenco, «sí lo está haciendo… ahora tampoco preguntó si queríamos vender la tierra, ahora ofreció dinero para comprarla. En febrero de 2014 hubo una asamblea ilegítima para cambio del régimen de la tierra… hubo una suspensión definitiva, hemos aportado pruebas de que somos pueblos originarios pero ahora el gobierno dice que no somos originarios ni ejidatarios… vamos a seguir el juicio porque en aquella asamblea no firmaron ejidatarios y hay firmas de algunos que ya estaban muertos… desde el Registro Agrario Nacional todas las autoridades están coludidas en este engaño», aseveró Ramírez.

Mencionó que incluso se ha incrementado la inseguridad y han estado secuestrando a la misma gente que vendió su tierra y recién enterraron a un joven, hijo de un ejidatario que vendió la tierra, que había sido secuestrado ¿quiénes sabían qué cantidad de dinero recibió por su tierra?, cuestionó. Añadió que el gobierno -federal y estatal- rompió el tejido social «pero vamos a luchar por la recomposición; existe mucha miseria pero hay una lucha digna, clara, convencida de que no vamos a dejar nuestra tierra aunque se nos esté matando, torturando, desapareciendo».

Irma Luna, de Coyotepec, refirió que el presidente municipal les quiere quitar el agua de sus tres pozos. Desde el 2 de junio hizo una asamblea y dijo que ya estaba municipalizada. El paro que hicieron en la autopista México-Querétaro para exigir que un representante oficial bajara a darles una solución fue gaseado con helicópteros, los golpearon, hubo dos muertos, aún así se han organizado para defender su agua y la tierra del ejido. En junio de 2013 se formó un grupo para la defensa de sus recursos naturales porque al agua la quieren para la Coca-cola y Walmart y el pueblo lleva casi un año sin agua porque la CFE les cortó la energía eléctrica.

Gutiérrez, de San Francisco Xochicuautla, dijo que están defendiendo su tierra contra la construcción de una autopista y por eso hace dos años se la llevaron a encerrar a Toluca a ella y a su hija, además de que el gobierno está tumbando todos los árboles por donde pasará la vía.

Allende, de Huitzizilapan, indicó que junto con Xochicuautla tampoco están de acuerdo con la autopista, además de que «por arriba de ella vienen los megaproyectos». «Han sobornado a nuestras autoridades» e incluso cancelaron una asamblea este lunes y pretenden hacerla en diciembre o enero «para quedarse con el comisariado para vender las tierras». Ha habido choques y enfrentamiento dentro del mismo pueblo por ello, indicó, señalando que con el movimiento del Fuego de la Digna Resistencia «hemos demostrado que podemos lograr atención porque lo que nos sucede está pasando en todo el Estado».

Las denunciantes coincidieron en que todos los partidos -PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano- están involucrados en esos intentos de despojo a comunidades y pueblos. Ramírez subrayó que por eso en Atenco insisten en que no quieren partidos políticos «porque en las cámaras de Diputados y Senadores están aprobando reformas que van contra el pueblo».

Foto: María José Martínez / Cuartoscuro