México, DF. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, denunció la presentación de nuevas acusaciones «infundadas» contra Marco Antonio Suástegui (MAS), líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), como «parte de un complejo entramado jurídico urdido» por la Procuraduría General de Justicia guerrerense, la cual en menos de 20 días ha armado al menos cinco averiguaciones previas y las ha consignado en menos de una semana.
«Lo anterior, lejos de demostrar la capacidad del gobierno del Estado de impartir justicia ´pronta, imparcial y eficaz´, demuestra su estrategia de criminalización de los luchadores sociales, pues el ilegal traslado de MAS a un Penal Federal y la deliberada obstrucción de su defensa es lo que ha permitido al gobierno del Estado ganar tiempo para manipular las acusaciones en contra del líder comunitario y así evitar que logre su libertad», afirmó la organización.
Indicó que el Juez Primero en materia Penal de Tepic, Nayarit, dictó -el 2 de julio- auto de formal prisión contra Suástegui por el delito de robo calificado – dentro de la causa penal número 110/2014-I- por lo que éste no podrá obtener su libertad bajo caución, pues dicho ilícito es considerado como grave en el Estado de Guerrero. Esta decisión judicial se suma al auto de formal prisión emitido por el mismo órgano jurisdiccional el pasado viernes 27 de junio de 2014, cuando el Juez reclasificó el delito de tentativa de homicidio, por el de lesiones agravadas dentro de la causa penal número 64/2014.
Recordó que Suástegui fue detenido con violencia el 17 de junio de este año y trasladado inmediatamente fuera del estado de Guerrero, lo que calificó de «ilegal» pues se realizó en abierto desacato a dos suspensiones concedidas por Juzgados de Distrito en dos juicios de amparo, de números 543/2014 y 649/2014.
Además de los dos procesos abiertos en los que ya se ha dictado orden de aprensión, el día 1º de julio de 2014, le fueron notificadas dos causas penales más, una por lesiones simples y la otra por despojo. Respecto de estas acusaciones, ya le ha sido tomada su declaración preparatoria y se encuentra a la espera de la decisión judicial dentro del plazo constitucional. Además, existe una averiguación previa en contra de Marco Antonio Suástegui por ataques a las vías de comunicación, motín y sabotaje, respecto de la cual no le ha sido notificada ninguna resolución aún.
Tlachinollan afirma que todas estas acusaciones «están plagadas de violaciones al debido proceso y tienen un trasfondo claramente político, por lo que se trata de procesos que ocultan las intenciones del Estado de criminalizar la lucha social; con el claro objetivo de debilitar el movimiento que desde hace once años han emprendido comuneros y campesinos en la defensa de su territorio organizados en el CECOP».
Agrega que la detención y actual procesamiento del líder histórico del CECOP pone en evidencia «el uso desviado del sistema de justicia estatal y la utilización de los penales de máxima seguridad para desacreditar la trayectoria de un luchador social», sumando el caso de MAS a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero. Con ello, el gobierno estatal busca legalizar el despojo sistemático por parte de actores estatales y no estatales del Río Papagayo; «pues no puede olvidarse que el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, ha sido incluido en el Plan de Reconstrucción del Estado y en el Programa Nacional de Infraestructura por el Ejecutivo Federal, ahora con la denominación Nuevo Guerrero.
Subraya que Tlachinollan continuará con la defensa legal de Marco Antonio Suástegui y seguirá apelando a la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional para seguir denunciando la inviabilidad legal, ambiental y social del Proyecto Hidroeléctrico La Parota.
