Foto: Mario Marlo
Ciudad de México | Desinformémonos. Activistas de organizaciones sociales aseguraron que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 “los diputados y sus partidos no priorizaron el derecho humano al agua y saneamiento” y que, por el contrario, aprobaron el uso de recursos públicos por más de nueve mil millones de pesos para tres megaobras hidráulicas que han sido denunciadas por corrupción y otras irregularidades.
María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, y Elena Burns, de la organización social Agua para Todos, acusaron que este año tres cuartas partes del presupuesto destinado a la infraestructura local del agua y saneamiento nacional serán para las empresas encargadas de la construcción de la Presa El Zapotillo-Acueducto El Zapotillo León, del Túnel Emisor Oriente y de las obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACM).
Las representantes de las organizaciones señalaron que la designación de los diputados se trata de una violación al derecho humano al agua al destinarse lo mínimo del recurso de interés público y lo mayoritario a los megaproyectos.
Recordaron que la presa El Zapotillo y acueducto Zapotillo-León cuentan desde 2014 con una suspensión total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la pretensión de modificar la cortina de la presa en Jalisco de 80 a 105 metros que podría inundar las comunidades vecinas y afectar a los agricultores de la zona.
Respecto al Túnel Emisor Oriente, obra adjudicada a Carlos Slim, debió ser terminado desde el 2012, pero hasta la fecha ha recibido cuatro mil 400 millones de pesos “y no se tiene ni una garantía de su utilidad en un futuro cercano”, indicó Burns.
Con el NAICM, las actividades explicaron que se cuestiona que se construyó en una zona lacustre, con un subsuelo que presenta hundimientos diferenciados y que puede provocar inundaciones en su periferia, así como otras afectaciones ambientales.
Frente a ello, aseguraron que presentarán una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y denuncias ante la Auditoria Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción, al igual que nuevos recursos legales como amparos y controversias constitucionales.
