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Ciudad de México | Desinformémonos. La participación o colusión de funcionarios mexicanos es un patrón en los crímenes cometidos por los cárteles del narcotráfico, denuncia el informe “Corrupción que mata” elaborado por organizaciones no gubernamentales, patrocinadas por Open Society Justice Iniciative.

El informe pone como ejemplo el caso de la masacre en Allende, Coahuila, en marzo de 2001, cometido por el cártel Los Zetas, que además tuvo el control del penal de Piedras Negras para utilizarlo “como un campo de exterminio de facto y base de operaciones para promover su reinado de terror”.

Las organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señalaron que es necesaria una investigación que determine si ha existido una “colusión sistemática” por parte de los funcionarios con los grupos delictivos.

La investigación, señalaron, tendría que operarse de manera independiente para que, “eventualmente” se persigan “los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos”.

El informe advierte que si el gobierno mexicano no se compromete a crear un mecanismo con personal nacional e internacional que tenga su sede en el país y con autoridad para iniciar las investigaciones, otros organismos internacionales podrían intervenir, tal como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

De acuerdo con las organizaciones, la presencia de organizaciones y organismos internacionales serviría a garantizar la independencia de las investigaciones y restablecer la confianza de la ciudadanía con el sistema de justicia penal en México.