Ciudad de México | Desinformémonos. “Alta impunidad en delitos cometidos contra migrantes, así como la falta de confianza en las autoridades públicas y el escaso presupuesto asignado para investigar adecuadamente esos delitos y asegurar la reparación apropiada”, fueron algunos puntos que destacó el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas (CTM) y por los que manifestó su preocupación.

Como prueba de las observaciones, el CTM recordó la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, además del hallazgo de 195 restos en el mismo lugar en 2011 y los 49 torsos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, hechos que calificó como “graves violaciones a los derechos humanos”.

Ante los registros de delitos cometidos contra los migrantes, el Comité expresó su “profunda preocupación sobre las graves irregularidades en las investigaciones para identificar a los responsables y las víctimas de las masacres”, y lamentó que hasta la fecha no haya personas sancionadas.

Ante el panorama, el organismo solicitó al Estado mexicano a adoptar medidas urgentes y estructurales para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la atención y la reparación de daños por violaciones a los derechos de los migrantes.

Por otra parte, instó al país a llevar a cabo investigaciones serias y exhaustivas de los hechos sin excluir los actos de corrupción y la posible complicidad de los funcionarios con las estructuras criminales.