La campaña “Se busca por Robo”, que afirma que “las estaciones sin concesión -entre las que se encuentran emisoras comunitarias e indígenas- se están robando el espacio que es de todos”, fue rechazada y criticada por las Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, por lo que exigieron su retiro inmediato de la difusión en los medios de comunicación que desde el 18 de marzo aseguran que “transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito”.
Representantes y organizaciones sociales enviaron una carta a Edgar Yemán García Turincio, Coordinador General de Comunicación Social del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para aclarar que si bien la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece que la prestación de servicios de radiodifusión sin concesión constituye una infracción de tipo administrativo, no existe tipo penal alguno aplicable a esta conducta y mucho menos equiparable al robo.
A pesar de emitir una respuesta, Yemán nunca atendió la exigencia de retirar la campaña, sino que argumentó que el IFT invita a la regularización de las radios sin concesión incorporando en la campaña la dirección electrónica del portal del Instituto, lo cual fue insuficiente por la necesidad de las comunidades y pueblos indígenas de obtener información clara y adecuada.
“Otra obligación pendiente de cumplir por parte de todas las dependencias federales es la de reservar 1% del presupuesto destinado a publicidad oficial para asignarlo a espacios en medios indígenas y comunitarios”, señalan en referencia a la medida que se aprobó con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de los medios y que ninguna dependencia ha instrumentado.
Los representantes insisten en que sigue sin construirse una política pública clara que se dirija a generar las condiciones para que los medios indígenas y comunitarios puedan operar en un marco adecuado de legalidad y sostenibilidad por medio de programas de asistencia técnica, apoyo a la formación y capacitación de comunicadores, equipamiento y modernización, entre otros.
Ante esto, exigieron detener el señalamiento y estigmatización de medios indígenas y comunitarios, así como la reparación del daño colocando una campaña afirmativa que reconozca el trabajo importante y valioso que realizan los medios indígenas y comunitarios con una invitación fraterna a regularizarse.
Desafortunadamente, un gran porcentaje de estaciones ilegales confunden la buena fe de organizaciones y colectivos escudandose en el mote de ser indígenas o comunitarias cuando en realidad son emisores que se dedican a comercializar la señal radiofónica, estan al servicio de aspirantes a puestos de elección popular quienes a través de estas radios ilegales hacen llegar regalos a la ciudadania.
Organizan eventos masivos y nunca informan el destino de las ganancias obtenidas, ademas de golpear y discriminar a través de sus rmisiones radiales, yo sugiero a quienes escriben este tipo de articulos que aparte de tomar la información de quienes dolosamente les confunden, investiguen en los lugares donde muchas de las estaciones ilegales funcionan para que escuchen por propio oido que de indigenas y comunitarias no tiene nada, ademas para que investiguen a los personajes que estan detras de estas emisoras que en muchas ocasiones son ex funcionarios publicos corruptos o empresarios desleales que buscan cobijo y poder a través de las ondas de radio.