Organizaciones civiles de derechos humanos instan Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, a aceptar y cumplir la Recomendación 43/2015 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a propósito de las violaciones al derecho a la libre autodeterminación de la tribu Yaqui y al debido proceso de Fernando Jiménez y Mario Luna, encarcelados durante casi un año.

En su recomendación del pasado 16 de diciembre, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez acreditó violaciones al derecho a la autonomía de la tribu Yaqui –que sostiene una lucha en defensa de su territorio y en contra de la construcción de Acueducto Independencia–, así como al debido proceso derivado de la detención arbitraria de sus voceros, quienes enfrentaron los cargos de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad.

La aceptación y cumplimiento de la recomendación de la CNDH representaría un primer paso para garantizar la reparación integral de Mario Luna y Fernando Jiménez. Sin embargo, ésta deberá tomar en cuenta las afectaciones comunitarias a la tribu Yaqui, misma que como consecuencia de la criminalización y el encarcelamiento de sus voceros, fue afectada en su articulación, tejido y defensa de derechos.

En un comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar, y Servicios y Asesoría para la Paz precisan que aunque el cumplimiento de la recomendación representaría un primer paso para la reivindicación de derechos, ésta sólo plantea la indemnización de los voceros de la tribu Yaqui como forma de reparación, en contraposición con lo que estipula la Ley General de Víctimas en el sentido de que las personas tienen derecho a una reparación de oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, que comprenda medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Esta ley reconoce, asimismo, a los grupos o comunidades que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la violación de sus derechos humanos.