El viernes 29 de julio se aprobó el Mecanismo de Seguimiento Especial para la investigación sobre el caso Ayotzinapa.
En la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Washington, D.C. y con la presencia de la delegación de padres y madres de los normalistas desaparecidos, miembros de la CIDH, representantes del gobierno mexicano y representantes de los organismos de derechos humanos Centro Prodh, Tlachinollan y Fundar, se definió y acordó el mecanismo que dará seguimiento a la investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace 22 meses.
Los padres y madres de Ayotzinapa expresaron a través de sus representantes: “solo la supervisión internacional podrá asegurar que se indague a fondo y se revierta el sesgo que se introdujo en la investigación” y pidieron al Estado mexicano acatar la resolución de la CIDH y facilitar el inicio inmediato de las labores del Mecanismo Especial de Seguimiento.
El mecanismo acordado dará seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y estará integrado por al menos dos asesores técnicos especiales que podrán visitar México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios. Los asesores tendrán acceso pleno a los expedientes y demás fuentes de información y, el Comisionado de la CIDH a cargo del mecanismo realizará al menos tres visitas a México para supervisar los trabajos.
La CIDH enfatizó que las actividades del mecanismo no podrán interpretarse como limitativas de otras competencias que le otorga la Convención Americana de Derechos Humanos.
La justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa continúan pendientes por lo que en las reuniones para definir el Mecanismo de Seguimiento Especial la CIDH hizo mención sobre el deficiente trabajo pericial y subrayó que la investigación debe dejar de centrarse en la hipótesis del basurero de Cocula y abarcar aspectos señalados por ellos y el GIEI: “El mecanismo deberá dar seguimiento a las medidas cautelares o de protección dictadas por la CIDH en octubre de 2014 y a las recomendaciones formuladas en los informes del GIEI. ‘La CIDH observa que, al día de hoy, no se conoce el paradero o destino de los beneficiarios de las presentes medidas cautelares. A pesar de los informes emitidos por el GIEI y las recomendaciones respectivas, las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos o avances positivos’, señaló la Comisión en su resolución.
La CIDH anunció que debido a la amplitud del expediente, nombrará como mínimo a dos asesores técnicos especiales para realizar «labores de recopilación y documentación sobre el caso». Dichos asesores técnicos podrán realizar, «en coordinación con el Estado», las visitas a México «con la frecuencia y el tiempo que sea necesario para su labor».
Además el relator de país u otro comisionado designado por la CIDH realizará tres visitas a México. Y podrá, consultando con el gobierno, realizar una cuarta visita para dar seguimiento a las medidas cautelares. Asimismo, la CIDH solicitó al Estado mexicano que «redoble sus esfuerzos a fin de implementar todas las acciones necesarias para determinar el paradero o destino de los beneficiarios de las presentes medidas cautelares».
Las familias y las organizaciones reconocen y agradecen el compromiso de la CIDH por la justicia y la verdad frente a la crisis de violaciones a derechos humanos que vive el país, no sólo en el caso Ayotzinapa sino frente a muchos otros más.
con información de Cento Prodh
