Ciudad de México | Desinformémonos. “Podemos atestiguar que muchos defensores de la tierra y el territorio […] están siendo víctimas de una estrategia de criminalización, de judialización”, aseguró la relatora de Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International – PIB), por las represalias contra las comunidades del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, que resisten contra el despojo y la contaminación del agua.

Durante una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en Puebla, el PIB, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la IBERO y la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán (CDHLVT) recogieron los testimonios de violaciones a los derechos contra pobladores de Zacatepec, de la organización Pueblos Unidos, de Guardianes del Río Metlapanapa y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), por su ejercicio en la defensa del territorio.

Todas las organizaciones y colectivos indígenas han encabezado luchas contra la imposición de megaproyectos, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), y la operación de empresas, como Bonafont, que contaminan y despojan a los pueblos de sus tierras y aguas, así como amenazan el ambiente y la vida comunitaria.

Los integrantes de la Misión señalaron que las principales agresiones contra los defensores del territorio en Puebla son la criminalización, el hostigamiento, los grupos de choque, difamación, intimidación y detenciones arbitrarias, lo que contradice la versión oficial del gobierno estatal de Miguel Barbosa sobre el respeto a los derechos humanos en la entidad.

Durante la relatoría, llevada a cabo en la exsede de Bonafont, ahora Casa de los Pueblos Altepelmacalli, activistas y defensores campesinos e indígenas denunciaron los atropellos que las autoridades han cometido en su contra por exigir un alto al despojo de sus recursos naturales y el respeto a sus derechos indígenas.

Los defensores acusaron también la ineficacia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para atender sus denuncias por la represión, y aseguraron que las autoridades han dado “carpetazo” a sus quejas, mientras la intimidación y el hostigamiento continúan.