Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos en México repudiaron la violencia del gobierno de Daniel Ortega y grupos paramilitares en Nicaragua contra los defensores y periodistas y manifestaron su preocupación ante la represión por las protestas sociales desde abril de 2018.
«La inaceptable respuesta del gobierno nicaragüense ha generado una crisis de violaciones a los derechos humanos que hasta la fecha ha dejado un saldo de 325 personas asesinadas, 24 de ellas menores de edad, más de 603 presos políticos (40 de ellos, mujeres), más de 40 mil desplazados forzosamente a Costa Rica, y 417 mil personas despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo», señalaron las organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para Todas y Todos».
Destacaron que en medio de la crisis las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua han desempeñado un papel fundamental para documentar las violaciones a las garantías fundamentales y el acompañamiento a las víctimas de la represión y sus familiares, por lo que “también han sido objeto de hostigamiento, amenazas y persecución”.
“Responsabilizamos al gobierno de Daniel Ortega por los ataques a la integridad de las personas defensoras y periodistas que se deriven de estos hechos, y lo urgimos a cesar la represión y buscar una salida política al conflicto”, indicaron.
La semana pasada, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica a organizaciones sociales y políticas, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Fundación Popol Na, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), lo que “constituye una violación al derecho de asociación y al derecho a defender derechos humanos, y deja en la indefensión al pueblo nicaragüense frente las violaciones», aseguraron las organizaciones en México.
Tras la decisión de la Asamblea, el 13 de diciembre la policía nacional y grupos paramilitares entraron por la fuerza a las instalaciones de las organizaciones, las cuales aún están bajo el control de los oficiales y sus bienes fueron incautados por el gobierno.
