Ciudad de México | Desinformémonos. Defensores de la tierra, junto con policías comunitarios y activistas por el medio ambiente, denunciaron los abusos que desde hace años sufren en México por las luchas contra los proyectos extractivos y la destrucción de los recursos naturales, durante la visita Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst.

La agrupación del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) narró a Forst las múltiples violaciones a los derechos humanos de las que son objeto los opositores a la industria extractiva en el ejido de La Sierrita de Galeana, Durango, y también dio a conocer las afectaciones en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por la ausencia de consultas para la instalación de plantas eólicas.

De acuerdo con la información de los defensores, con la industria extractiva de La Sierrita se obtienen plata, plomo y zinc de la mina La Platosa, que luego de 30 años continúa con la ocupación de 27 hectáreas del ejido, para lo cual hizo “un pago único de un millón 200 mil pesos”.

En 2008 los ejidatarios se inconformaron por los “injustos” acuerdos y obligaron a los dueños de Excellon, consorcio al que pertenece la mina, a firmar un nuevo contrato de ocupación temporal por la renta de mil 100 hectáreas, a cambio de 5 millones 500 mil pesos anuales “que aumentarían año con año dependiendo de la inflación”.

Pero en 2012, ante el incumplimiento, los campesinos recurrieron al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, lo que derivó en represalias contra los inconformes.

Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal de La Sierrita, explicó al relator que durante 2013 sufrieron “amenazas, hostigamiento y violencia por parte de diversos grupos, principalmente de la empresa y un sindicato de protección patronal”, en tanto que ProDESC, la organización que los acompaña, “enfrentó también una campaña de desprestigio, estigmatización, hostigamiento en su contra y el allanamiento de sus oficinas”.

Por otro lado, los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunciaron a Frost que hubo violaciones al derecho a la consulta de los pueblos indígenas para la instalación de los parques eólicos Bií Hioxo, de las empresas Gas Natural Fenosa, contra quien impusieron varios amparos, y Eólica del Sur.

De acuerdo con Mariano López, vocero de la APPJ, en la consulta de 2014 “no se cumplieron los principios básicos establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (y) se documentaron 30 incidentes de seguridad, la mayoría en contra de quienes cuestionaron la implementación del proyecto, el procedimiento o la información otorgada durante la consulta indígena”.

El dirigente alertó que “el plan de desarrollo de paquetes de generación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec pretende expandirse sin considerar los derechos de las comunidades”, como parte de las secuelas de la reforma energética y sus leyes secundarias.