Defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México condenan las agresiones en contra de Lucía Bettina Cruz Velázquez y de otros integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).
El más reciente ataque que sufrieron los miembros de la organización oaxaqueña que desde hace más de cinco años defiende su territorio ejidal de la construcción de un parque eólico en beneficio privado, data del 4 de octubre. Ese día, alrededor de las 14 horas, Miguel Jiménez Orozco y Brígido Numenthey Jiménez fueron embestidos por personas armadas bajo el mando de Jorge Alonso, agente impuesto por el presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vásquez.
Un día antes, un hombre vinculado a diversos hechos delictivos, lanzó insultos y descalificaciones en plena vía pública en contra de Bettina Cruz. Aunado a ello, Guadalupe Ramírez Castellanos y Juan Regalado Martínez han sido objeto de diversas agresiones y hostigamientos por parte de sicarios.
Entre los actos violentos más recientes destaca también el ocurrido la madrugada del 27 de septiembre pasado, cuando dos personas desconocidas rompieron el parabrisas y golpearon la camioneta del defensor Rodrigo Flores Peñaloza, estacionada frente a su domicilio.
En una carta pública dirigida, entre otros, a Enrique Peña Nieto, presidente de México, a Sara Irene Herrerías, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a Gabino Cue Monteagudo, gobernador de Oaxaca, quienes integran la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) exigen a las autoridades mexicanas garantizar la vida e integridad de las personas asociadas a la APIITDTT.
Para ello, las 691 mujeres de la IM-Defensoras solicitan al gobierno de México: sancionar a las autoridades que, en perjuicio de los derechos de los indígenas juchitecos, otorgaron los permisos y licencias para la operación del megaproyecto de Energía Eólica del Sur (EES); cumplir con las medidas de protección y el plan de seguridad que, en 2013, se comprometió a otorgar a Bettina Cruz; ejecutar medidas de protección en favor de los integrantes de la APIITDTT; y garantizar que los empleados municipales y los allegados al presidente municipal de Juchitán se abstengan de vigilar, agredir y hostigar a estas personas.
En su carta pública fechada el 16 de octubre de 2015, las defensoras de cinco países destacan que aunque Bettina Cruz es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Estado mexicano no le ha brindado la protección necesaria.
Subrayan, asimismo, que las omisiones del Mecanismo de la Segob resultan más “onerosas” desde el pasado 30 de septiembre, luego de que Isaías Corona Coronado, Séptimo Juez de Distrito de Salina Cruz, admitiera un amparo en contra de la construcción y operación en territorio ejidal juchiteco del megaproyecto de la EES y, en consecuencia, determinara la suspensión de todas las licencias de cambio de uso de suelo que ya habían sido otorgadas.
