El 10 de diciembre pasado, Enrique Peña Nieto, presidente de México, propuso el Decreto para expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de desaparición de personas. La Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada denuncia que éste fue presentado en el último minuto y sin retomar la mayoría de las exigencias de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y populares.

En un comunicado, quienes integran esta Campaña enlistan las principales críticas al decreto presidencial. La primera de ellas tiene que ver con el registro oficial de personas desaparecidas. Y es que se habla nuevamente de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que impide tener una estadística diferenciada entre las desapariciones forzadas y las cometidas por particulares.

La segunda se centra en la falta de mención a la Fiscalía Especializada de Búsqueda, anunciada un par de meses atrás. La tercera, también de gravedad, recae en la conceptualización de desaparición forzada que contiene, misma que no se ciñe a las definiciones de las convenciones interamericana e internacional en la materia, particularmente en lo que refiere la responsabilidad los servidores públicos en la comisión del delito.

En total son 15 las observaciones planteadas al Decreto para expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar. Algunos temas de preocupación son: la imprescriptibilidad, la persecución y sanción del delito; la identificación de personas; el destino de los restos no identificados; la búsqueda inmediata; y el registro forense.

“Por todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada nos pronunciamos en contra del intento del gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, de legislar una Ley General contra la Desaparición de personas que no cumple en su totalidad con las recomendaciones hechas por instancias internacionales y desatiende la mayoría de las exigencias hechas por las familias de víctimas de desaparición forzada, además de seguir protegiendo a las fuerzas armadas por su participación directa o indirecta en esta práctica”.

“Nos pronunciamos en contra de esta Ley General que, lejos de garantizar la protección a los derechos humanos, sólo busca crear mayor confusión en las familias y en la población en general sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en México, además de que con ella el Estado intenta deslindarse de su responsabilidad en casos de graves violaciones a derechos humanos y busca perpetuar la impunidad para los responsables”, se lee en el comunicado.