El 26 de agosto, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Autistici/Inventati en la lista de entidades sujetas a las sanciones antiterroristas de la OFAC. Al día siguiente, PayPal, empresa con sede en Estados Unidos, suspendió la cuenta utilizada para recibir donaciones. El 28 de agosto, uno de sus principales dominios, autistici.org, dejó de estar accesible. El primero de septiembre, en Italia, Banca Etica limitó de manera cautelar las operaciones de la cuenta bancaria de la asociación.

Una decisión administrativa tomada en Washington cruzó así el Atlántico y produjo consecuencias concretas en Italia, donde Autistici/Inventati no es una organización ilegal ni está acusada de terrorismo por la justicia italiana.

Para entender el peso político de lo ocurrido hay que explicar, sin embargo, qué es A/I. Nacido en 2001 del encuentro entre hackers, activistas y movimientos sociales italianos, Autistici/Inventati es uno de los proyectos europeos de comunicación digital independiente con mayor trayectoria. Desde hace 25 años ofrece correo electrónico, listas de correo, blogs, hosting y otras herramientas construidas alrededor de la protección de la privacidad y los datos, utilizadas por miles de personas, asociaciones, colectivos y movimientos.

A/I nunca ha ocultado su posicionamiento político: es un proyecto antifascista, antirracista, antisexista y anticapitalista. Y es precisamente aquí donde la acusación estadounidense adquiere especial relevancia.

El gobierno de Estados Unidos define a A/I como una organización italiana “de extrema izquierda” que proporcionaría herramientas y servicios tecnológicos a “grupos extremistas violentos de izquierda”: alojamiento en servidores en el extranjero, cuentas de correo electrónico cifrado, chats, videoconferencias y la infraestructura digital vinculada a la plataforma Noblogs. Washington subraya además que A/I se define como “antifascista” y “antimilitarista”, contrario al capitalismo, y lo acusa de haber prestado servicios también a organizaciones incluidas en las listas estadounidenses de terrorismo, entre ellas el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK.

Sobre estas bases, A/I fue designado como Specially Designated Global Terrorist, SDGT. No se trata de una sentencia dictada por un tribunal italiano o europeo, sino de una medida administrativa estadounidense capaz de producir graves consecuencias económicas y financieras. La propia administración Trump aclara además que la decisión no representa un caso aislado, sino que forma parte de una ofensiva más amplia contra lo que Washington define como “terrorismo transnacional de extrema izquierda”.

Es precisamente este paso el que preocupa a quienes en Italia se están movilizando en defensa de A/I. El correo cifrado, el anonimato, el hosting independiente y las herramientas que permiten sustraer la comunicación de las grandes plataformas comerciales no son, por sí mismos, actividades clandestinas. Son también instrumentos mediante los cuales se ejercen la privacidad, la libertad de expresión y la libre organización.

Autistici/Inventati, por otra parte, no reivindica ninguna neutralidad. Su infraestructura nace precisamente de la idea de que la tecnología no es neutral y de que es posible construir espacios digitales autónomos y políticamente posicionados. Pero ser antifascista y anticapitalista no equivale a ser terrorista. Y proporcionar una infraestructura no significa asumir automáticamente la responsabilidad por las eventuales conductas de quienes la utilizan.

Por esta razón, docentes, investigadoras, investigadores y personas del mundo de la cultura promovieron en Italia un manifiesto titulado “El antifascismo no es terrorismo”. Atacar a A/I, sostienen, significa poner en entredicho la posibilidad de construir herramientas autónomas de comunicación y, con ella, uno de los presupuestos materiales de la libertad de expresión y organización.

Trasladada a Italia, la asociación entre antifascismo y terrorismo adquiere además un peso histórico particular.

Italia es el país donde nació el fascismo y donde gobernó durante más de veinte años, pero es también el país de la Resistencia partisana que combatió al fascismo y a la ocupación nazi y de la que nació la República. El antifascismo no es simplemente una posición política: pertenece a la genealogía de la democracia republicana y atraviesa la Constitución italiana. En las décadas posteriores, además, fueron organizaciones neofascistas las que practicaron el terrorismo de las masacres que ensangrentó al país durante la llamada estrategia de la tensión.

Es dentro de esta historia donde hoy se intenta producir una inversión: transformar el antifascismo, de elemento fundacional de la democracia italiana, en una categoría sospechosa.

Y el caso de A/I no surge de la nada. En Europa, el proceso de Budapest contra militantes antifascistas procedentes de distintos países ya había mostrado una dimensión transnacional de la represión. Desde la Hungría de Viktor Orbán hasta la Italia de Giorgia Meloni y los Estados Unidos de Donald Trump, crece un clima político en el que el conflicto social y la disidencia son descritos cada vez con mayor frecuencia mediante el vocabulario de la seguridad.

Precisamente en el caso de Autistici/Inventati, el eje político Washington-Roma parece reencontrarse. Después de las aparentes tensiones de los últimos meses entre Trump y Meloni, la decisión de Estados Unidos fue retomada rápidamente por la derecha política y mediática italiana. El caso A/I se convirtió en punto de partida para ataques e interpelaciones parlamentarias, mientras palabras como terrorismo, subversión, extremismo y complicidad comenzaron a extenderse desde el colectivo hacia las personas que participaron en su historia y hacia los espacios políticos con los que han mantenido relaciones.

El mecanismo es el de la proximidad: de quien está acusado de una acción a quien le proporciona una herramienta; de quien proporciona esa herramienta a quien contribuyó a construirla; y de estas personas a los espacios políticos y sociales que frecuentan.

Pero el caso A/I también muestra hasta qué punto este proceso puede adquirir efectos materiales fuera de Estados Unidos. Y aquí aparece un segundo problema: el de la soberanía financiera y digital europea.

Banca Etica cuestionó públicamente la decisión de Estados Unidos, pero aun así limitó de manera cautelar las operaciones de la cuenta de A/I. No es necesario que una decisión de Washington se convierta formalmente en derecho europeo para que la dependencia de circuitos financieros, intermediarios y sistemas de pago sometidos a la jurisdicción estadounidense pueda hacerla concretamente efectiva también aquí.

En el terreno digital, el mecanismo es todavía más evidente. Autistici.org es un dominio .org. El registro responsable de esta extensión, Public Interest Registry, tiene su sede en Estados Unidos. Después de la designación, el dominio fue colocado en estado serverHold: los servidores pueden permanecer físicamente en Europa, pero el dominio deja de resolverse normalmente y el sitio, el correo electrónico y los servicios se vuelven inaccesibles.

No hace falta confiscar un servidor en Europa. Basta con controlar un nodo crítico de su infraestructura.

Las dos situaciones muestran, por tanto, dos caras del mismo problema. La soberanía no depende únicamente de dónde se encuentren una cuenta bancaria, los datos o un servidor, ni exclusivamente de las leyes formalmente aplicables. Depende también de quién controla las infraestructuras indispensables para que esos servicios puedan existir.

En el sistema financiero son los bancos corresponsales, los circuitos de pago y el acceso al dólar. En el sistema digital son los registros de dominios, el DNS, la nube, las plataformas y otros intermediarios técnicos.

Es uno de los puntos centrales del manifiesto promovido desde el mundo universitario y cultural: podemos tener bancos europeos, servidores europeos y normas europeas, pero si los nodos críticos por los que circulan el dinero, las identidades digitales y las comunicaciones dependen de una jurisdicción externa, una parte sustancial de nuestra autonomía sigue siendo únicamente formal.

La cuestión de las sanciones extraterritoriales se convierte así también en una cuestión de arquitectura de las infraestructuras. Y obliga a Europa a enfrentarse a una pregunta postergada durante años: ¿qué infraestructuras deben ser realmente autónomas para que la soberanía financiera y la soberanía digital tengan un significado material?

Y es aquí donde el caso Autistici/Inventati supera definitivamente a Autistici/Inventati.

Dentro de un clima global de ataque contra los movimientos sociales se está intentando construir una cadena aparentemente sencilla: radicalidad, extremismo, terrorismo. Y dentro de esa cadena, el antifascismo puede dejar de ser un elemento cultural fundamental sobre el cual construir una sociedad, y una práctica política mediante la cual defenderla, para transformarse en un indicador de peligrosidad.

Una vez establecida esa definición, ya existen las infraestructuras capaces de convertirla en algo concreto más allá de las fronteras del Estado que la pronunció.

Se puede perder una cuenta bancaria. Se puede perder un sistema de pago. Puede desaparecer un dominio.

Atacar a A/I y a las formas libres de transitar por la red se convierte así en un ataque contra la posibilidad material de expresarse y organizarse. Porque la libertad de expresión no existe solamente como principio: necesita lugares, herramientas e infraestructuras a través de las cuales ejercerse. Golpear esas infraestructuras puede convertirse en una forma extremadamente eficaz de golpear a una comunidad sin tener que prohibir formalmente su existencia.

La pregunta que abre el caso italiano no se refiere entonces únicamente a quién puede ser definido como terrorista. Se refiere a quién posee el poder político para imponer esa definición y a quién controla las infraestructuras capaces de hacerla efectiva en el resto del mundo.

Y qué puede ocurrir cuando antifascismo y terrorismo comienzan a ser tratados como sinónimos.