Las “pillancushe” fueron las primeras en llegar a la plaza de Zapala, tempranito, a las seis de la mañana. Las “mujeres sabias” mapuche fueron luego rodeadas por decenas de personas, mapuches y no, que se concentraron en los alrededores de la carpa donde, desde el lunes, se juzga a tres indígenas por la nariz rota de una auxiliar judicial. Una piedra le partió el caballete a Verónica Pelayes durante un procedimiento contra la comunidad Winkul Newen, el 28 de diciembre de 2012, en sus tierras ancestrales en el Paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala. Ese día, además de la policía, estaba Mariano Brillo, el abogado de la petrolera Apache, la empresa que inició la acción contra los mapuches, que le habían cortado el paso por su territorio a la petrolera. Ese día, los empleados de la petrolera contaban con maquinaria pesada y la intención de entrar por la fuerza a la comunidad. Esta semana, en Zapala, Neuquén,  también abundan la policía y las vallas de contención en los alrededores del lugar del juicio.

Sobre Relmu Ñamku, una líder comunitaria indígena de 37 años, pesa un pedido de cárcel de 15 años, acusada de intento de homicidio por haber sido quien supuestamente tiró la piedra que rompió aquella nariz. Sobre Martín Maliqueo y Mauricio Rain pende la acusación del delito de lesiones. Esto es lo que se juzga. Es la primera vez que una mujer indígena corre peligro de ser enviada a prisión en Argentina.

Varios medios libres se instalaron en Zapala para transmitir el juicio, que se realiza de forma oral y que debido a la gravedad de la pena que la fiscal Sandra González Taboada pidió para Relmu, cuenta con un jurado integrado por doce personas. Seis de ellas son mapuches, por lo que el juicio es traducido en simultáneo en mapuzungun. A pesar de eso, la Confederación Mapuche de Neuquén repudió el juicio que “confirma la idea de una Justicia al servicio del extractivismo e instala una idea alarmante: el extractivismo se aplicará aunque se deba violar todo derecho, ética o formas. Quién se oponga tendrá toda la fuerza de la ley en su cabeza”. También fue repudiado por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el sindicato docente de Neuquén (ATEN), la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente convocando a la comunidad internacional a reclamar que los mapuches, con Relmu a la cabeza, tengan un juicio justo. Además viene publicando un reporte diario del juicio en su página web, que es de donde se extrajo la información utilizada en este artículo.

A cinco días de comenzado el juicio, el elemento principal que se extrae de las decenas de declaraciones que se han escuchado hasta ahora es que nadie pudo ver a Relmu tirando la piedra que hirió a la fiscal. Según el reporte de Amnistía, las declaraciones de los tres agentes policiales citados que estuvieron ese día, tuvieron contradicciones entre sí sobre quien fue el autor de las pedradas. Sí recordaron claramente que el grito mapuche era “váyanse de nuestra tierra”.

Los que acusan insisten en que “el juicio no se trata de derechos indígenas ni de conflictos territoriales, sino de una agresión a una auxiliar del Poder Judicial”, mientras la defensa se para en que el episodio sólo se entiende en un contexto de permanente avance de la petrolera contra los mapuches. “La Fiscal solo les quiere mostrar una foto, nosotros vamos a dar cuenta de la película completa, de todos los hechos que confluyeron en el 28 de diciembre de 2012”, dijo en el juicio el abogado defensor Darío Kosovsky. La defensa de los mapuches sostiene que ellos nunca pretendieron asesinar a Pelayes, la auxiliar herida, y que lo que corresponde es una indemnización económica. De hecho, Pelayes ya inició ese camino demandando al Estado y a la petrolera por 6,5 millones de pesos argentinos. Unos 700 mil dólares.

En ese sentido, otros elementos interesantes han surgido en esta primera semana de juicio que revelan el asedio de la petrolera en las tierras mapuches del sur argentino. Un mes antes del desalojo, durante noviembre de 2012, la empresa intentó ingresar cuatro veces al territorio de la comunidad, según consta en un documento de la propia compañía. También, cuatro actas firmadas ante una escribana pública (a pedido de la empresa) entre la petrolera y los mapuches, “dan cuenta de que la comunidad permitía el paso a la empresa, pero con la condición de un plan de saneamiento ambiental por escrito. Apache Corporation nunca presentó ese plan y por ese motivo la comunidad no la dejaba ingresar a su territorio”.

En el caso del operativo del 28 de diciembre se comprobó, a partir del testimonio de los empleados de Apache (que en 2014 fue adquirida por YPF) que Mariano Brillo, el abogado de la petrolera, fue quien comandó el operativo. También reconocieron las denuncias por contaminar el lugar que los mapuches habían hecho ante la empresa. El encargado de Seguridad e Higiene de la petrolera atestiguó que hubo derrames de petróleo en la zona y que estos no han cesado totalmente.

El juicio se extenderá hasta el próximo jueves 5 de Noviembre.