Fotografías: Nelton Rivera.
Una parte de la ciudadanía guatemalteca ha reiterado, desde diversas expresiones, la solicitud de renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras, por motivos que van desde la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval, cuestionamiento a la ineficiente gestión presidencial durante la pandemia de coronavirus, el histórico abandono institucional en los territorios, entre otros.
A la actual crisis de legitimidad que enfrenta el Ejecutivo se han sumado los señalamientos publicados recientemente en The New York Times, donde un testigo relató la forma en que se habría entregado una cantidad de dinero al presidente durante la visita de un ciudadano ruso.
Prensa Comunitaria conversó con diversos personajes políticos, analistas y defensoras de sus perspectivas sobre la movilización ciudadana, las posibles renuncias de Giammattei y Porras y los escenarios políticos probables en el horizonte guatemalteco.
#RenunciaGiammattei
Durante las jornadas de movilización ciudadana desde los Pueblos Indígenas, organizaciones sociales, colectivos estudiantiles, entre otros, se indicó que se daba un plazo “hasta el 18 de agosto” para que el presidente dimitiera al cargo. Un extremo que el mandatario ignoró.
Aunque muchos sectores se han sumado a la petición concreta de renuncia del presidente y de la fiscal general, y nuevas voces se suman a la demanda, para la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, jefa de la bancada Winaq, no hay claridad de que estas dimisiones ocurran en un futuro inmediato.
Para Gutiérrez Raguay, la cooptación de las instituciones explica por qué los funcionarios no han renunciado; el secuestro del Estado incluye, además del Ejecutivo y el Ministerio Público, a los vínculos del poder con aliados en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
En la última resolución sobre el estado de calamidad por la pandemia de COVID-19, la CC respaldó al Ejecutivo. “Se sienten inamovibles y no ven amenaza. No veo en el corto tiempo que se vaya a dar, salvo que se den otras condiciones o masivas acciones, se podría en el mediano plazo”, agregó la diputada.
En el caso de Porras, una eventual renuncia pasa por el procedimiento que está establecido en ley. Si ocurre, el presidente de la República tiene que elegir al sustituto o sustituta de una lista de cinco personas, según explicó Enrique Álvarez, exdiputado y analista independiente.
Oswaldo Samayoa, profesor universitario, aseguró que en ambos casos las solicitudes de renuncia están garantizadas en la Constitución. No hay, en los casos de la presidencia y el Ministerio Público, proceso de revocatoria. Samayoa consideró que un camino podría ser que el Congreso pidiese las renuncias, lo que ejercería mayor presión política.
Escenario de cooptación
Para el analista independiente Adrián Zapata, comprender el actual escenario político implica un análisis amplio de todo lo que ha ocurrido desde la destitución de Sandoval y las consecuentes movilizaciones ciudadanas. La destitución del exjefe de la FECI, dijo, es parte del proceso que ha permitido a las redes político-criminales cerrar el círculo de secuestro del Estado.
“Es imposible que la fiscal general haya tomado la decisión de destituir a Juan Francisco Sandoval de manera individual. Hay que entenderla en ese contexto del cierre del círculo de la cooptación de la institucionalidad estatal: el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Tribunal Supremo Electoral y ahora el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad. Es dramático ese proceso”, según Zapata.
El analista indicó que las actuaciones del gobierno y la fiscal Porras se entienden como parte del avance en el proceso de reversión de lo que se había logrado en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el tiempo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sobre todo bajo el mando del excomisionado Iván Velásquez.
Alida Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, consideró que la demanda generalizada por las renuncias nace de la gran indignación colectiva de repudio a las acciones pro impunidad y corrupción que se han evidenciado en la administración de Giammattei.
Peticiones legítimas y simbólicas ante una dictadura
Las peticiones de renuncia son legítimas. La crisis y desgaste institucional se acompañan de un desgaste de la población que ve salida en el retiro del presidente y la fiscal general. “Realizable no lo veo, por cuestiones subjetivas de ética y corrupción de los dos sujetos involucrados, pero para que sea posible debe seguir creciendo la presión social”, indicó Samayoa.
En lo simbólico, ambas renuncias significarían un triunfo del pueblo, según Vicente, porque la gente anhela mejores condiciones de vida y a eso se debe que las autoridades comunitarias y los pueblos indígenas se han mantenido constantes en las manifestaciones y los paros.
En opinión de Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Guatemala se encuentra en un punto de quiebre por la crisis política actual provocada por cuatro elementos importantes: el mal manejo de la pandemia, los actos de corrupción, la inexistente separación de los tres poderes del Estado y el debilitamiento de la Fiscalía contra la Impunidad.
“El Gobierno ha generado acciones que se encuadran dentro de una dictadura, limitando incluso la manifestación en contra y promoviendo estados de excepción que no benefician la contención del virus. El escenario es el retroceso de un sistema democrático ya debilitado en los últimos gobiernos, que se estaba sosteniendo con pocos actores e instituciones en contra de la corrupción”, según Barrios.
Otra de las características que la defensora de derechos humanos destacó es que las peticiones de renuncia ahora se gestan desde lo departamental, desde las organizaciones de los pueblos indígenas y no desde la urbanidad; se convoca “desde las poblaciones históricamente en resistencia, por lo que sería interesante que las organizaciones de pueblos indígenas y campesinos hicieran un bloque para actuar con mayor fuerza. La demanda de la renuncia tiene legitimidad en las bases”, valoró.
Tomando en cuenta a los actores y la alianza en los poderes del Estado y la CC, también Barrios ve poco probable la renuncia de Giammattei y Porras. “Y si se lograra con medidas de hecho, en el Congreso está la decisión del nuevo presidente y vicepresidente, en el caso que el actual vicepresidente no acepte el cargo”.
Una ruta
Zapata calificó las movilizaciones de inéditas por el liderazgo que las convoca, porque a diferencia de las anteriores, particularmente las del 2015 con “la plaza”, acá no son los sectores medios urbanos de clase media los que están expresando su indignación de manera más espontánea; aquí han sido las autoridades ancestrales, que son actores que siempre han estado presentes pero ahora asumieron un liderazgo nacional que es novedoso. “Ni en el tiempo de la guerra: con los niveles de polarización que conocemos, las autoridades ancestrales se mantuvieron de alguna manera al margen de esa polarización”, aseguró el entrevistado.
Este tipo de nuevas acciones están construyendo un puente de empatía con los sectores urbanos, que en condiciones normales reaccionarían con temor y prejuicio a cualquier movilización liderada por autoridades indígenas, según Zapata.
Aunque en lo inmediato no se concrete la petición de renuncia, el espíritu y liderazgo de las nuevas movilizaciones podría ser un punto fundamental para avanzar en la lucha contra la corrupción e impunidad en el país, afirmó.
A criterio de Álvarez en esa ruta a construir es que se plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular. “Habría que hacer una nueva Ley de Partidos Políticos. Eliminar las comisiones de postulación y la CC debe ser parte de la Corte Suprema. Nueva Ley de orden público, como mínimo”, dijo.
La percepción actual es que las movilizaciones han perdido fuerza. Sin embargo, Vicente enfatizó que “sí hay una ruta, hay estrategias a diferentes niveles, los pueblos están organizados, en coordinación y la fuerza maravillosa de las mujeres se está abriendo caminos, grandes caminos para la armonía, equilibrio y autodeterminación de los pueblos”.
En lo concreto y político, Giammattei no puede ser acusado penalmente ahora, pero Samayoa opinó que “va a suceder en un futuro no lejano. No sé si en Guatemala o en EEUU pero algo está preparando EEUU”, en referencia a la nueva crisis que ahora enfrenta el presidente ante las acusaciones sobre aparente entrega de dinero de manera ilícita.
