Las y los defensores de derechos de las personas migrantes, quienes protegen a familias migrantes, refugiadas y refugiados, solicitantes de asilo y otros a los largo de las rutas migratorias que van desde Honduras hasta Estados Unidos, enfrentan graves amenazas por parte de actores estatales y privado, de acuerdo con una investigación realizada entre abril y agosto de este año.
Este informe fue elaborado por el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México·Tijuana, LIS-Justicia en Movimiento, Red TDT y Front Line Defenders bajo el nombre ‘Defensores sin muros: Personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos’.
Esta investigación encontró que las y los defensores de derechos humanos que trabajan con personas migrantes enfrentan criminalización, agresiones, arrestos, deportaciones, detenciones, interrogatorios, intimidación, son vigilados de forma digital y son hostigados por realizar labores humanitarias y de acompañamiento en las rutas migratorias de la región.
Dichos ataques forman parte de un amplio esfuerzo gubernamental transnacional para frenar la migración de personas que huyen de la violencia y persecución tras décadas de guerra, pobreza, violencia de género, megaproyectos de desarrollo que invaden territorios indígenas, efectos del cambio climático, amenazas y extorsiones por parte de pandillas, inestabilidad política, corrupción, impunidad y violencia estatal por parte de gobiernos oligárquicos que históricamente han sido apoyados por las intervenciones militares de EEUU en Centroamérica.
Para este informe, los organismos involucrados entrevistaron a 21 personas defensoras de derechos humanos de personas migrantes, albergues y casas del migrante en 10 ciudades de ambos lados de la frontera México-EU; además de 10 defensores y defensoras que trabajan con personas migrantes en tránsito por las rutas en México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
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