Uso desproporcionado de la fuerza pública, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social, se cometieron en en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los operativos de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado de Chiapas (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En la jornada de protestas del magisterio en Chiapas del pasado 15 de abril, señal el Frayba, actuaron elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía estatal, quienes utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se manifestaban, además, denuncia, lesionaron físicamente a la población que pasaba o estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y personas mayores de edad.

En un comunicado, el centro de derechos humanos chiapaneco señala que de acuerdo a testimonios recabados en San Cristóbal de Las Casas, las agresiones policiacas incluyeron allanamiento a casas particulares y negocios, uso de gases lacrimógenos dañando a familiares de enfermos que se encontraban en el Hospital de las Culturas, personas golpeadas ique no tenía nada que ver con las manifestaciones, vigilancia por parte de militares vestidos de civil e infiltración de grupos de choque para justificar la represión y generar confrontación. Además de que sobrevolaron dos helicópteros de la policía federal, sin matrícula, desde los cuales tiraban gases lacrimógenos, y un helicóptero de protección civil.

En Tuxtla Gutiérrez, indica el Frayba, “se implementó un cerco policiaco que inició en el punto de manifestación en La Pochota y fue replegando al magisterio hacia el centro, en zonas donde los ataques con gas lacrimógeno, balas de goma y piedras afectaron a población en general. También sobrevolaron helicópteros lanzando gases lacrimógenos. Hubo un número indeterminado de personas heridas y con crisis nerviosas”.

En las dos ciudades chiapanecas los elementos policiacos “detuvieron de manera arbitraria y con tratos crueles inhumanos y/o degradantes, sin respeto a las garantías personales ni mediar protocolos que salvaguarden la seguridad e integridad, al menos a 8 profesoras, 10 profesores y tres personas que pasaban por el lugar: un repartidor de agua, un técnico electricidad y un instructor de gimnasio, además de un estudiante que se encontraba en un taller mecánico y dos personas más no identificadas”.

En la mañana del día 16 de abril, las 18 personas del magisterio fueron trasladas en un avión Boing 727 Mat XC_MPF de la Policía Federal al penal de Máxima Seguridad de Tepic, Nayarit. Las y los docentes son acusados de ataques a las vías generales de comunicación, daños, terrorismo y lesiones, delitos tipificados para inhibir la protesta social, criminalizar y judicializar la libre manifestación.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, estos operativos violentan los derechos a la manifestación, asociación y reunión, pensamiento y expresión, y vulneran el derecho a la integridad y seguridad personal y libertad personal.

Se trata, indica, de “un patrón de la represión y criminalización de la protesta en Chiapas y el país, lo cual pone en riesgo a la población en general agredida de manera indiscriminada, siendo que a mujeres, niños y niñas se les violentan derechos específicos”.

El Frayba exhorta al Estado mexicano a que “asuma la obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos; cese la represión y criminalización de la protesta social; garantice la vida, la integridad y seguridad personal de quienes ejercen su derecho legítimo a la libre manifestación; atienda de manera inmediata, eficaz, pronta, seria, exhaustiva e imparcial estos hechos sancionando a los responsables de las violaciones a derechos humanos descritas; y que libere de manera inmediata a las personas arbitrariamente detenidas e injustificadamente trasladadas acusadas de delitos fabricados como justificación de las acciones represivas”.