El pasado 18 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por violar la propiedad privada colectiva en perjuicio de la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz, en Honduras.

El caso se relaciona con distintas problemáticas en torno al territorio de esta comunidad, ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida. En concreto, tiene que ver con la presunta falta de un título de propiedad idóneo y culturalmente adecuado.

A mediados de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apuntó que el reconocimiento de parte del territorio ancestral fue tardío, y enfatizó en el tema de la negativa oficial de otorgar a los miembros de la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz un título único sobre la totalidad del territorio, con base en la ocupación histórica y el uso consuetudinario.

Hoy es la Corte quien se pronuncia al respecto. El organismo con sede en San José, Costa Rica, determinó que el Estado hondureño es responsable de violar las garantías judiciales y la protección judicial de la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, así como la duración, “más allá de un plazo razonable”, de las acciones judiciales y administrativas frente a las ventas y adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales.

El órgano judicial de la Organización de Estados Americanos declaró, asimismo, que Honduras es responsable de atentar contra el derecho a la propiedad colectiva, ya que incumplió con sus obligaciones de delimitar y demarcar unas cientos de hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la comunidad.

El Estado hondureño tampoco cumplió con garantizar el uso y goce de los territorios que fueron otorgados, ni efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta y participación de la comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación en el caso de proyectos turísticos.

Como medida de reparación, la Corte ordenó al Estado en cuestión demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva en dominio pleno de la comunidad, así como concederles una garantía de ocupación y un título de propiedad colectiva. Además de iniciar, en un plazo razonable, la investigación sobre las muertes de Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, mismas que estarían relacionadas con la defensa de la tierra.