México, Distrito Federal. Con una ola de cambios en las leyes, que buscan acotar el derecho a la libre manifestación, los gobiernos federal y capitalino buscan el control político de los ciudadanos, denuncia el abogado Sergio Soto. Esta tendencia va contra la historia democrática de la ciudad, apunta Félix Hernández Gamundi, activista y defensor de los derechos humanos desde 1968.

“La manifestación política y pacífica es un derecho de todos los ciudadanos”, explica en entrevista con Desinformémonos Félix Hernández Gamundi, quien fue parte de la generación de 1968.

La estrategia del presidente Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, pude definirse como “que nadie se mueva”, resume el activista.

En la Ciudad de México existen varias propuestas de modificación a leyes que limitarán los derechos de los ciudadanos, denuncian abogados. Reglamentar las marchas  o modificar el Código Penal para aumentar penas por delitos cometidos durante manifestaciones son algunas de ellas. La ley que reglamentará las manifestaciones fue una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

Sergio Soto, abogado y defensor de presos, explica que esta ola de modificaciones obedece a que un cierto grupo político llegó al poder en el Distrito Federal. “Vienen de una formación policiaco-penal, donde la idea es tratar a los manifestantes como enemigos del Estado”, explica el penalista.

Los despliegues policiacos que se ven en la capital del país desde el 1 de diciembre de 2012 “están destinados a violentar el ejercicio de un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Ya son seis casos en que la policía violenta este derecho”, valora Soto.

La tendencia a reglamentar las manifestaciones el Distrito Federal va contra su historia democrática, denuncia Hernández Gamundi, y “sea quien sea el autor, está equivocado en limitar los derechos ciudadanos”. Sergio Soto denuncia que en los hechos, un gobierno que se asume de izquierda se criminaliza la protesta. “Se tiene una izquierda bonita a la cual le permiten la entrada al Zócalo sin que les avienten gases, sin despliegue de granaderos, sin detenciones arbitrarias”, contrasta.

Un documento presentado por el diputado federal Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, expone que “en el año 2002 se registraron 778 movilizaciones en la vía pública; en el 2009, se presentaron cuatro veces más movilizaciones (aproximadamente 3 mil 200), y ya para 2010 se llegó a 6 mil 294, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. En 2012, la cifra se elevó nuevamente para llegar a 7 mil 319, y la tendencia de este año indica que habrá 9 mil manifestaciones”.

El PAN envió una propuesta de reglamentación de marchas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde tiene mayoría el Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Dejar que tan solo se discuta esta reforma, ya es un retroceso para la vida democrática en este país”, considera el penalista.

Soto considera que a quienes se reprime son a los grupos que no ven con buenos ojos a los partidos políticos: “Existe a todas luces un acuerdo para reprimir a los grupos antisistémicos. Es la mano dura en el Distrito Federal”. El mensaje es claro por parte de Mancera, considera el abogado. “Es tener el control político por medio de las leyes, y más policía y represión para que nadie se mueva”.

En los hechos, denuncia el abogado Soto, la izquierda partidista renuncia a las libertades democráticas. “Estamos en un escenario de reglamentación de marchas, que ya existió con el Chile de Pinochet y con Franco en España. A la izquierda del PRD ya se le olvidó esto”, ejemplifica.

Detrás del intento de controlar a la población, está la negociación política con el gobierno federal para que el DF sea un estado más en la federación, valora el abogado, y se necesita tener una ciudad “tranquila”. Los gobiernos “tratan de controlar por medio de las leyes a una ciudadanía afectada por los ajustes estructurales, que se reflejan en la economía y los derechos sociales y humanos”, abunda el penalista Soto.

Soto resalta que una reglamentación no puede pasar por encima de un derecho humano o constitucional. “Si quieren reglamentar, tenemos el derecho de impugnar y establecer amparos, y las instancias de jurisprudencia tendrán que revisar si la reglamentación es anticonstitucional. Los ciudadanos no tenemos que informar a la autoridad del ejercicio de un derecho”, detalla.

Publicado el 16 de diciembre de 2013