México, Distrito Federal. “Un comunicador con una cámara puede ser juzgado por actitud agresiva” en las manifestaciones en el Distrito Federal, denuncia el abogado Manuel Fuentes, debido a que los periodistas reportan los abusos de autoridad en tiempo real y exhiben el comportamiento de la policía y las autoridades.

Desde el 2011, pero particularmente a partir del primero de diciembre de 2012, cuando miles de personas salieron a las calles para protestar contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, la policía capitalina puso en marcha estrategias para generar detenciones arbitrarias y desarticular las manifestaciones. Uno de sus blancos son los integrantes de medios independientes o los activistas que portan cámaras.

El 1 de septiembre, tres periodistas independientes fueron detenidos durante las manifestaciones contra la reforma educativa; a dos se les fijaron fianzas de más de cien mil pesos. El 6 de septiembre se anunció la intención de endurecer las penas por ultrajes a la autoridad, delito que habitualmente se imputa a los detenidos en las manifestaciones.

Con el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal -referente al delito de “ataques a la paz pública”- y con el llamado “Protocolo de control de multitudes”, existe la facultad de detener a personas bajo el criterio de quien comanda un batallón. De acuerdo con la redacción del Protocolo, se  puede detener a una “persona en estado de agresividad”. “¿Qué se entiende cómo eso? ¿Quién juzga?”, cuestiona Fuentes.

Manuel Fuentes, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos,  señala que la situación de derechos humanos en la capital del país se ha vuelto preocupante: “Por los reportes de detenciones de personas que he recibido, a las personas se les detiene por su vestimenta, el color de su piel, la ropa o su peinado”, denuncia.

El Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes, publicado el 15 de marzo de 2013 con la firma de Jesús Rodríguez Almeida, secretario de la dependencia de gobierno, no fue emitido ni legislado por el Distrito Federal.  Además, es anticonstitucional, pues no sólo regula la actuación de la policía, sino que interviene contra terceros: la población.

Fuentes y otros abogados interpusieron un amparo contra el Protocolo. El defensor de derechos humanos detalla que se espera un peritaje de organizaciones internacionales.

Pocos días antes de la represión del primero de septiembre, en la ciudad de Puebla, se realizó la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) “Represión por motivos políticos: una estrategia permanente del Estado Mexicano”. Se presentaron 12 casos en los que se evidencia la existencia de diversos mecanismos de represión política con la finalidad de acallar, desmovilizar e invisibilizar las expresiones populares que luchan por el ejercicio libre y defensa de los derechos humanos.

Al igual que en el caso de los periodistas presos este primero de septiembre, durante las protestas contra el primer informe presidencial de Enrique Peña Nieto y la imposición de la reforma educativa, el dictamen de la preaudiencia demuestra el uso intencional del sistema judicial para perpetrar la impunidad, lo que crea condiciones para repetir violaciones de derechos. Se presentaron casos en los que, de acuerdo con el predictamen de este tribunal social, hay colusión entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para reprimir voces disidentes.

Las cámaras, el nuevo blanco

El primero de diciembre de 2012 se usaron por primera vez en la capital balas de goma para dispersar a los manifestantes. El 10 de junio de 2013, la policía estrenó en el Zócalo estrategias de intimidación -algunos aventando piedras- y el encapsulamiento de medios de comunicación independientes.

Los casos de Gustavo Ruíz, fotógrafo de la Agencia Subversiones, y de Pavel Primo Noriega, de Multimedio Cronopios, detenidos durante el primero de septiembre mientras documentaban detenciones arbitrarias, son representativos porque también fueron detenidos arbitrariamente y se les aumentó la fianza exigida por la supuesta comisión de delitos como ataques a la paz pública (utilización de sustancias tóxicas, incendio, inundación o violencia extrema) y resistencia de particulares. Una periodista más, Estela Morales, de Regeneración Radio, también fue detenida y liberada bajo fianza.

Un día después de la represión del primero de septiembre, fue emitida la acción urgente en materia de derechos humanos “Detención arbitraria de periodistas de medios independientes: Regeneración Radio, Multimedios Cronopios y Agencia SubVersiones. El texto explica la forma en la que la policía operó en particular contra los medios de comunicación: “Hubo represión, violaciones a los derechos humanos, al derecho a la libertad de expresión y detenciones arbitrarias en contra de compañeros de Medios Independientes”.

“Esto es muy delicado”, precisa Fuentes, pues “no se comprueba que la persona comete delito, se le apresa y se lleva al ministerio público, basados en las acusaciones de la policía de forma unilateral”.

“Un comunicador con una cámara puede ser juzgado por actitud agresiva”, abunda el abogado, debido a que los periodistas reportan los abusos de autoridad en tiempo real y exhiben el comportamiento de la policía y las autoridades. “En cuanto a derechos humanos, la policía no cumple en su protección. Parece que están esperando una cuota de personas”, apunta Fuentes.

Manifestarse e informar

Federico Zuviré Cruz, integrante del colectivo Artistas Aliados del movimiento #Yosoy132 y documentalista -quien salió el primero de septiembre a grabar-, ve un retroceso democrático: “Por más que inviertan en spots millonarios para hacernos creer que el nuevo PRI (Partido Revolucionario Institucional) es distinto, en la práctica lo que llegó es esa forma de gobernar en donde la oposición y opinar distinto no tiene lugar”.

De acuerdo con Zuviré, los jóvenes que como él salen a protestar, desde el primero de diciembre son tildados de “violentos” y “vándalos”, lo que considera como una estrategia diseñada desde los medios de comunicación -que generan  un ambiente hostil hacia aquellos que se manifiestan. El artista recomienda encontrar formas de protestar alejadas de la violencia, que, asevera, es lo que el poder espera de los manifestantes para seguirlos amordazando. Precisa que a partir del primero de septiembre, los medios libres y los activistas con cámara son también blanco de represión selectiva: “Resulta que salir y grabar o tomar una foto, también puede ser considerado como una afrenta al Estado”.

Zuviré advierte que si los jóvenes no defienden los espacios de participación para la ciudadanía, entonces colaboran para a reinstalación del régimen totalitario en México.  “Veo la absoluta necesidad de seguir saliendo a las calles, pero esta vez no sólo marchando sino tratando de informar desde otro punto de vista: el no oficial, tratando de generar contrainformación para romper el cerco mediático”, finaliza.

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Publicado el 09 de septiembre de 2013