Foto: Cuartoscuro

Investigadores de distintas instituciones mexicanas reunieron en el informe “Impactos sociales y territoriales del Tren Maya. Miradas multidisciplinarias” análisis que documentan las “contradicciones, violaciones y vulneraciones del Tren Maya a los pueblos indígenas y campesinos” ubicados en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre las que se encuentran la contaminación de cuerpos de agua por residuos sólidos y sustancias químicas, la “cosificación y folclorización” de los mayas y la inseguridad en las comunidades.

El informe incluye una revisión de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas cometidas para la imposición del proyecto, entre los que se encuentran el derecho al territorio y a la libre determinación, pues el Tren Maya, “al ser un plan de intervención heterodirecta, es en sí también una violación al artículo 7 del citado Convenio 169, que reconoce a los pueblos ‘el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo’”.

Además, se señala la violación al derecho procesal a la consulta, la suplantación e instrumentalización del derecho a autoridades y gobiernos propios, y la violación al derecho a la cultura y a la identidad de los pueblos mayas por la “mercantilización de memorias, saberes y expresiones artísticas de los pueblos indígenas, lo cual traerá consecuencias inestimables en términos de erosión cultural y enajenación de las dimensiones más íntimas y sustantivas de las culturas”.

Respecto a la violación al derecho a una consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el informe apunta que la consulta nacional realizada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue “sin legalidad” y que su objetivo fue “influenciar la opinión pública local y nacional”.

Por otra parte, el documento también destaca los “impactos del turismo depredador”, entre los que se encuentran el empobrecimiento de las poblaciones, la tercerización y precarización de empleos locales, el tráfico y consumo de drogas y la destrucción de ecosistemas completos.

A continuación el informe completo: