Ciudad de México, 10 de febrero de 2015. A pesar de la ilegalidad del Proyecto Integral Morelos (PIM), la construcción del gasoducto de 160 kilómetros que atravesará alrededor de 60 pueblos en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, continua avanzando la construcción a pesar de un amparo emitido desde el años pasado que ordenaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la suspensión provisional de la obra que completa el setenta por ciento, informó Samantha César Vargas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).

La CFE y las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, encargadas del proyecto, siguen con la instalación de los ductos sin respetar los trazos originales del proyecto. “La construcción no es continua porque muchos pueblos y ejidos no han querido vender”, señaló la activista y añadió que sólo han logrado construir en los lugares apartados de las resistencias de los pueblos.

Las obras han avanzado sólo  porque las empresas han estado acompañadas tanto del Ejército como de la policía y ante el anuncio hace unas semanas del gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, de permitir la entrada de los militares en las comunidades que no quieran vender, para César Vargas, no es nada nuevo del gobierno estatal que se ha caracterizado por reprimir a los que se oponen a sus políticas.

“El proyecto va porque va”

“Puebla es el ensayo de lo que será la Reforma Energética, y por eso el gobierno sigue insistiendo, a pesar de muchas luchas legales ganadas, en ejecutarla como sea”, refirió la activista del Frente de Pueblos y agregó que con la entrada en vigor el año pasado de la ley de expropiación el gobierno de Moreno Valle tendrá más libertad para despojarlos

En diez meses 19 personas han sido apresadas por oponerse al gasoducto y dos termoeléctricas en zona de riesgo volcánico, y al menos 19 órdenes de de aprehensión circulan por supuesta privación ilegal de la libertad de funcionarios de la CFE. “El año pasado en algunas comunidades no permitieron que funcionarios de la empresa ingresaran a los ejidos, los pueblos les hicieron firmar un documento donde declararon que no fueron secuestrados, sin embargo las ordenes siguen circulando”, manifestó Samantha César.

La activista denunció los incesantes acosos de la CFE a los pueblos que se niegan a vender, desde llamadas telefónicas con amenazas hasta el hostigamiento en sus viviendas, hacen parte de las formas que usa la empresa para imponer a como dé lugar el proyecto.

El pasado 23 de enero y después de casi nueve meses privado de su libertad acusado de motín, despojo, privación ilegal de la libertad y robo, Juan Carlos Flores Solís, también integrante del FPDATMPT, fue puesto en libertad después de dos amparos a su favor. “La liberación de Juan Carlos no es una muestra de voluntad del gobierno, es un triunfo de las organizaciones que se lo arrebatamos al Estado, tampoco significa una victoria, todavía falta que salga otros compañeros”, reclamó Samantha César.

El ejido Xonacayucan, que se ha negado a vender sus tierras al PIM, le costó la aprehensión, en ese entonces de su comisariada ejidal Enedina Rosas Vélez, quien actualmente le concedieron el arraigo domiciliario por su mal estado de salud, producto de las malas condiciones en la cárcel. “Queremos aclarar que Enedina no está libre, aún estamos esperando las supuestas pruebas de la empresa que comprueban que ella secuestro a uno de sus funcionarios”,  relató la activista.

Actualmente muchos de los pueblos opositores al gasoducto, que hace parte de toda una franja industrial, están llevando a cabo diversas acciones legales. “Nosotros vamos a seguir por esta vía, pero sabemos que no es suficiente para detenerlo, por eso estamos generando otras articulaciones para poner un freno definitivo a esta lógica de desarrollo, que lo único que trae a los pueblos es el exterminio de sus territorios”, sentenció Samantha César.