Ciudad de México | Desinformémonos. El uso del programa de espionaje Pegasus continúa durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues al menos tres periodistas y defensores de derechos humanos fueron objeto del malware de 2019 a 2021, reveló la investigación “Ejército Espía”.

La investigación, realizada por organizaciones y medios como la Red por los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político, señala que a pesar de que AMLO aseguró que en su gobierno “no se espía a nadie”, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene contratos con la red de empresas que vendió en México el programa Pegasus, de NSO Group, y que los ha ocultado.

Entre los activistas y periodistas espiados se encuentra Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien documenta y acompaña a víctimas de crímenes del ejército y la Marina ocurridos en la frontera norte. El defensor fue atacado con Pegasus en tres ocasiones durante 2020, de acuerdo con un análisis forense realizado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

Otro de las víctimas del programa fue el periodista, analista político y académico Ricardo Raphael, atacado en al menos cuatro ocasiones entre 2019 y 2020. Los ataques de 2019 ocurrieron mientras documentaba y exponía violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, así como sus vínculos con el crimen organizado, mientras que el de 2020 sucedió luego de publicó un artículo sobre que José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y acusado como autor intelectual en el Caso Ayotzinapa, saldría en libertad por falta de pruebas.

El tercero de los atacados fue un periodista de Animal Político que, por motivos de seguridad, decidió mantenerse bajo el anonimato. De acuerdo con Citizen Lab, el programa Pegasus fue hallado en su equipo durante 2021, luego de publicar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

La investigación señala que es el ejército el que opera el programa de NSO Group en el país, a pesar de que no tiene atribuciones para realizar intervención de comunicaciones y de que se necesita una orden judicial para iniciar estos seguimientos.

Una vez infectados los dispositivos con el malware, los operadores de Pegasus tienen control de cámaras, acceso a videos y fotografías, agendas, contactos, aplicaciones de mensajería y otras aplicaciones, en tiempo real y sin límites.