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Consulta simulada, criminalización y agresiones, denuncian defensores istmeños a misión de observación de Alto Comisionado de la ONU

Diana Manzo

Tehuantepec, Oaxaca. Erick Ramírez es comunero binnizá y sobreviviente de un ataque armado por la defensa de sus tierras que autoridades y empresas intentan despojarles para entregárselas al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto que construye el gobierno federal en tierras oaxaqueñas y veracruzanas.

Originario del barrio Santa Cruz Tagolaba de Tehuantepec e Integrante del colectivo Sol Rojo, junto con otros comuneros Erick defiende 27 mil hectáreas de tierras agrarias de Anastasio Gutiérrez, a quien se le acusa de “pseudolíder” y de ocasionar agresiones y disturbios con el aval de la autoridad agraria y estatal de Oaxaca.

Erick, junto con otros comuneros, ejidatarios, defensores zapotecas y mixes de la zona norte del Istmo, así como de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), compartieron sus testimonios durante cuatro días ante oficiales del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, derivado de un peritaje a un amparo que promovieron diversas organizaciones.

Señaló que por la defensa de sus tierras, él fue agredido con arma de fuego y sobrevivió, pero que su amigo y comunero, Jesús Manuel García Martínez, fue asesinado la noche del 27 de octubre del 2022. Los comuneros responsabilizan a Anastasio Gutiérrez, conocido como Tacho Canasta, de todas las anomalías e irregularidades, así como de las agresiones y despojo de sus tierras.

Los oficiales de la ONU sostuvieron encuentros, reuniones y entrevistas y de primera mano escucharon a las y los defensores, también a las comunidades que aseguran no quieren el proyecto, porque lejos de beneficios, lo que ha creado es división social.

“La división social es notoria, tampoco hay atención de las autoridades, y lo peor es la criminalización. A nosotros por oponernos nos desprestigian, nos dicen muchas cosas y nos agreden”, señaló Erick en entrevista con Desinformémonos.

El ejidatario de San Juan Guichicovi denunció que la consulta en torno a este megaproyecto, organizada por el Instituto Nacional para los Pueblos indígenas (INPI), “fue un mero acto de simulación”, y que se les ha negado a los dueños de la tierra la información sobre los impactos en el medio ambiente.

También la comisión pudo confirmar la denuncia hecha por ejidatarios de Estación Sarabia sobre la creciente e intimidante presencia de elementos de la Secretaría de Marina en toda la región.

“Lo que ha ocurrido es que se aprovechan de los ejidatarios de esta zona”, dijo por su parte Andrés Pérez, integrante de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Expuso que los ejidatarios mixes del municipio de San Juan Guichicovi se quejaron ante los Comisionados de la ONU de las agresiones y amenazas en contra de vecinos por parte de grupos de la delincuencia organizada que venden protección a las empresas que realizan trabajos de modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

También les fue reportado que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denunció penalmente a vecinos que protestan por daños a sus viviendas y terrenos.

A su vez, en una reunión de trabajo realizada en La Princesa Petapa, vecinos de Texistepec, Veracruz, los comuneros explicaron cómo habían sido desalojados de sus viviendas por elementos de la Guardia Nacional.

Los comuneros, ejidatarios y defensores señalaron que es importante que estas denuncias tengan eco, respuesta y retroalimentación, porque no sólo se trata de quejas, sino de también de acciones, “y mientras el gobierno federal continúe agrediendo, no habrá respuesta”.

De acuerdo con Educa A.C, de diciembre de 2018 a noviembre de 2022 fueron asesinados 141 defensores de derechos humanos y ambientalistas en México, de los cuales, 34 asesinatos ocurrieron en esta entidad sureña del país.

Recientemente, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunció 17 ordenes de aprehensión de defensores de la comunidad de Puente Madera, por la oposición a la construcción de uno de los diez parques industriales que se instalará en su territorio , llamados también polos de desarrollo.

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