Lamentamos el comunicado firmado por los señores Isaac Valeriano García, Francisco Morales, Rogelio García Rodríguez, presidente, secretario y tesorero de bienes comunales de Cacahuantepec, que sin fundamento alguno responsabilizan al director del periódico El Sur de Acapulco, Juan Angulo y al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera, de lo que pueda pasar dentro de su núcleo agrario.
Tlachinollan expresa su firme compromiso de seguir acompañando y defendiendo a los pueblos indígenas y campesinos de Cacahuatepec, que se han organizado para impedir el despojo de sus tierras y aguas que pretenden llevar a cabo empresas y gobiernos. En todo momento hemos exigido respeto a los derechos humanos de los campesinos y comuneros de este lugar. Esta exigencia la hemos conducido por los canales institucionales y legales siendo los Tribunales los que han dictado los fallos correspondientes dándole la razón a quien la tiene.
En el año 2005, defendimos a los comuneros cuyos derechos fueron vulnerados por el Gobierno Federal y Estatal que con violencia realizaron asambleas agrarias en franca violación a la Ley Agraria, poniendo las tierras en manos de la Comisión Federal de Electricidad para que esta a su vez la diera a las empresas privadas que construirían la presa hidroeléctrica La Parota. Los Tribunales Agrarios resolvieron mediante 6 sentencias que las Asambleas fueron ilegales y se vulneraron los derechos de los campesinos.
La imposición a ultranza de un proyecto que no fue consultado con los Pueblos y la violación flagrante de las Leyes por parte del gobierno en su intento por edificar la hidroeléctrica confrontó a los pueblos que conforman el núcleo agrario de Cacahuatepec ocasionando un rompimiento del tejido social. El proyecto fue suspendido en la vía de los hechos, pero las rencillas y confrontaciones siguieron. Los gobiernos lejos de trazar una ruta de reconciliación atizaron el conflicto de muy diversas formas: insistiendo en la construcción de la obra hidroeléctrica pese a su inviabilidad, manteniendo una partida presupuestal para la presa La Parota, eligiendo a los comisariados de manera ilegal e imponiendo a comisarios municipales en varios pueblos.
En el año 2013 luego del huracán Ingrid y tormenta Manuel que devastó los bienes Comunales de Cacahuatepec, los campesinos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) se organizaron para la reconstrucción, pero también denunciaron la extracción indiscriminada e ilegal de grava y arena que realizan varios empresarios en el río Papagayo. Señalaron que una de las causas del desbordamiento del río, habrían sido los daños a los bancos de arena que realizan los empresarios gravilleros con la extracción sin límites. Los gobiernos federal y estatal nunca atendieron las denuncias de los campesinos, por lo que decidieron parar los trabajos que realizaba un empresario. En respuesta este interpuso sendas denuncias librándose más de 60 órdenes de aprehensión contra los campesinos. Su dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue encarcelado por estos hechos en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. Después obtuvo su libertad al comprobarse que el expediente fue construido para criminalizarlo.
Posteriormente los campesinos del CECOP demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Uno de Acapulco, Guerrero, la posesión ilegal de las tierras que el empresario detenta, así como la extracción irracional e ilegal que el empresario lleva a cabo. El Tribunal falló a favor de los campesinos. Quedó demostrado que el empresario poseía de manera ilegal las tierras, no tenía el permiso ni autorización del núcleo agrario para almacenar y pasar el material pétreo, no pagaba nada al núcleo de Cacahuatepec y ninguna autoridad o representación agraria dijo algo al respecto. Ni conagua ni otra autoridad supervisó si la extracción de grava y arena que realizaba el empresario se ajustó a los metros cúbicos que la concesión le otorgaba y si estaba realizando las obras de reparación o mitigación a que estaba obligado.
Lejos de que las autoridades verificaran si el empresario estaba violando la Ley, lo respaldaron ubicándolo como víctima y desplegaron el aparato de justicia para encarcelar a los campesinos del CECOP, esto, en lugar de apaciguar los ánimos la confrontación aumentó y en el año 2015 se dio el primer enfrentamiento en el poblado de la Concepción con muertos de ambas partes, pero solo se investigó y procesó a los miembros del CECOP mientras que sus víctimas siguen esperando justicia. De igual forma el 7 de enero del año 2018 cinco campesinos del CECOP fueron asesinados, al día de hoy sus familias siguen esperando una investigación, pero parece que la Ley y la justicia no existe para ellos.
A Tlachinollan le preocupa el silencio y la omisión del Gobierno Estatal y Federal para sentarse con las partes y trazar seria y responsablemente una ruta de reconciliación que tome en consideración toda la problemática mencionada.
En todo tiempo hemos privilegiado y defendido a los campesinos de Cacahuatepec con la Ley en la mano y en los Tribunales Agrarios y penales hemos demostrado a quien le asiste la razón, pero hoy existe la necesidad imperiosa de construir los caminos de la reconciliación en Cacahuatepec. Gobierno y actores de la sociedad civil debemos poner en el centro la construcción del tejido social y la paz de esta comunidad, debemos dejar atrás los intereses políticos de grupo.
La posición del Comisariado dista mucho de representar el sentir de los comuneros, por el contrario expresa posturas de grupos de poder que no están dispuestos a reconocer a los campesinos como titulares de las tierras, por ello le apuestan a la confrontación, creando grupos de choque y utilizando a los representantes agrarios para usar un lenguaje beligerante que incita a la violencia y descalifica el trabajo de los periodistas como el director de El Sur, Juan Angulo y el quehacer de Tlachinollan como una organización defensora de derechos humanos que hemos asumido el compromiso de proteger los derechos de la población más indefensa ante las acciones arbitrarias de las autoridades.
Nuestra apuesta es porque impere el estado de derecho y que las autoridades garanticen el acceso a la justicia y respeten a los comuneros y comuneras que han alzado la voz para decir no a la Parota y sí al desarrollo comunitario y a la construcción de la paz con justicia y dignidad.
Publicado originalmente en Tlachinollan
