El Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), denunció un nuevo intento de ingresar a su casa comunitaria por parte de elementos del gobierno oaxaqueño, el pasado 8 de marzo.

Este es el sexto incidente de ese tipo desde enero de 2014, detalló la organización en un escrito enviado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, al Congreso Nacional Indígena, a los integrantes de La Otra Campaña y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Informó que al filo del mediodía del 8 de marzo, cuando miembros del CIPO se encontraban en la casa comunitaria ubicada en Santa Lucia del Camino, Oaxaca realizando los trabajos previos al encuentro de mujeres “pariendo rebeldías” a realizarse los días sábado 12 y domingo 13 de marzo, dos personas intentaron ingresar al inmueble argumentando que iban de parte de la Secretaria General de Gobierno y de la Dirección de Patrimonio del Estado de Oaxaca, que les abrieran la puerta porque iban a entrar. Les contestaron que no tenían nada qué hacer ahí, insistieron unos siete minutos y se retiraron.

Detalló la organización diversos incidentes, tanto de vigilancia por parte de uniformados o intentos de ingresar pateando la puerta, como de gente vestida de civil que siguen a los dirigentes, les toman fotografías o llegan armados a la casa del CIPO RFM.

Mencionó que el 24 de noviembre de 2014, Roberto Mowers, asistente de Carlos Santiago Carrasco, actualmente Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, en ese entonces Subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, en una mesa de trabajo entre el gobierno de Oaxaca y comunidades del CIPO-RFM expresó: “Hay voces dentro del gobierno que dicen que tal vez están apoyando a una organización que está guardando y equipándose de armas en la casa del CIPO RFM. (De estos hechos existe una averiguación previa ante la Fiscalía Especializada de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social numero 08/FIDTS/2015 mesa 7)».

Asimismo, que el 23 de octubre del 2015 «una patrulla de la policía estatal se detuvo en la puerta de la casa comunitaria de CIPO RFM, a través de las cámaras se trató de identificar a los ocupantes, sin embargo, al no poder decidieron salir. En ese momento uno de los elementos policiacos se dirigió al defensor Miguel Cruz y le dijo ´Que le valía madre que fuera el líder del CIPO, que también se iba para arriba´, nunca se identificaron, la patrulla tenía el número 01874 de la SSP con 6 elementos de arma larga».

Subrayó la organización que las comunidades que integran el CIPO-RFM han ocupado ocupando esa casa comunitaria más de 11 años; en ella realizan asambleas, talleres de Derechos Humanos, reuniones con personas de otros países y de México, que han mantenido el inmueble con los tequios y las cooperaciones de las comunidades y de personas solidarias, «pero el gobierno del estado ha manifestado que es de su propiedad y ha venido realizando actos de hostigamiento, amenazas a los integrantes de la organización como se menciona en los antecedentes. Existen medidas cautelares número DDHPO/CA/337/(01)OAX/2015 dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pero el gobierno de Oaxaca no ha cumplido».
Informó que ante esa situación se decidió interponer una demanda en contra del gobierno del estado, el 25 de noviembre del 2015, con número de expediente 348/2015, ante la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Genoveva Dulce Javier Agustin, «quien a esta fecha sólo contesta que no hay lugar a nuestras promociones, todo indica que el poder Ejecutivo y el Judicial se niegan a resolver conforme al derecho que tenemos».

Ante esta situación la organización responsabilizó de cualquier «acto de represión» al Secretario de Administración, Alberto Vargas Varela; al Lic. Gabriel Morales Ronzón de la Dirección de Patrimonio, a Eréndira Cruzvillegas de la Coordinación de Atención de Derechos Humanos y al titular del Ejecutivo del Gobierno de Oaxaca y llamó a personas de todo el mundo a realizar alguna actividad como llamadas telefónicas o envío de cartas a los funcionarios «para repudiar la actitud del gobierno de Gabino Cue Monteagudo y exigirle cumpla con las medidas cautelares y atienda la demanda civil interpuesta por los representantes de la organización en vez de seguir con el hostigamiento a la casa comunitaria del CIPO RFM y de sus integrantes».