Ciudad de México | Desinformémonos. Los defensores tseltales del territorio César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández fueron sentenciados a dos años de prisión en Ocosingo, Chiapas, por haber protestado el 15 de octubre de 2020 contra la imposición de un cuartel de la Guardia Nacional en San Sebastián Bachajón.
La sentencia contra los defensores se dictó a pesar de que se presentaron pruebas de la represión, la tortura y los malos tratos a los que fueron sometidos por la policía de Chiapas cuando fueron detenidos durante la protesta del 15 de octubre de 2020, mismo día en que otras 11 personas resultaron heridas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) lamentó la decisión del juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, que dictó formal prisión para los dos mayas tseltales el pasado 24 de abril, tras el juicio oral de los defensores.
A lo largo de todas las audiencias, explicó el Frayba, «se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020», así como que los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de policía estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del 15 de octubre de 2020. De igual manera, «la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios», acusó el Frayba.
El Frayba aseguró que la decisión de encarcelar a los defensores tseltales, quienes además fueron sometidos a tortura y malos tratos desde su detención, criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios.
«Hacemos un llamado al gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida», finalizó el Centro.
A continuación el comunicado completo:
El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacífica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas.
El pasado 24 de abril de 2023 inició el juicio oral de José Luis y César, defensores del territorio, durante el desarrollo de las distintas audiencias se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020; los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020 cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin que hayan sido consultados previamente. De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios.
Las organizaciones firmantes nos solidarizamos y lamentamos la decisión del juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, de haber dictado una sentencia condenatoria de 2 años que criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. Hacemos un llamado al Gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida.
