En los tres años de gestión de Enrique Peña Nieto, presidente de México, 6 mil 488 mujeres han sido asesinadas en el país, es decir, en promedio seis cada día.

De éstas, 1 mil 117 son niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años de edad, lo que representa el 17 por ciento del total de mujeres víctimas de homicidio en territorio mexicano.

El comparativo de las cifras de la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien antecedió en el cargo al actual presidente, revela un incremento de estos crímenes. Mientras de 2007 a 2009 se perpetraron 4 mil 433 homicidios de mujeres, de 2013 a 2015 suman 6 mil 488. Esto significa que el número es mayor en 46 por ciento.

El panorama arriba esbozado, se desprende de las estadísticas vitales de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), consultadas por este portal a principios de marzo de 2016.

Ante la carencia del Estado mexicano de sistemas de información veraces, oportunos y precisos sobre el número y características de los asesinatos de mujeres por razones de género, instancias como la Organización de las Naciones Unidas han recurrido al registro de defunciones femeninas con presunción de homicidio, como un primer acercamiento al fenómeno del feminicidio.

La estadística oficial más reciente evidencia que el Estado de México es el principal foco rojo en la materia. La entidad gobernada por Eruviel Ávila Villegas, de filiación priista, registró 1 mil 45 homicidios de mujeres en los últimos tres años.

Le siguen Guerrero, Chihuahua, el Distrito Federal, Jalisco y Oaxaca, con 512, 445, 402, 335 y 291 asesinatos de mujeres, respectivamente, para el mismo periodo.

Otras entidades que 2013 a 2015 registraron un elevado número de estos crímenes, que se coloca por arriba de los 200, son, en orden de prelación: Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Coahuila.

Falta de un registro oficial de feminicidios: política de Estado

Pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y de la insistencia de organizaciones feministas nacionales, el Estado mexicano carece de un registro que dé cuenta de la magnitud de los feminicidios que ocurren en el país.

A decir de Mariana Berlanga Gayón, especialista en el tema, no es posible adjudicar el hecho a la incompetencia del gobierno, sino más bien a una política de Estado encaminada a invisibilizar el fenómeno, a minimizarlo, en el contexto de violencia generalizada que se vive en el país. Se trata, precisa, de una acción deliberada que lleva implícita la falta de voluntad para resolver la problemática que no para.

La carencia del elemental instrumento implica la dificultad de actuación, dada la ausencia de evidencia puntal, hecho que además repercute negativamente en materia de impartición de justicia, es decir, favorece la impunidad. “En términos de contrarrestar es difícil pues se está ante una alfombra movediza, un piso resbaloso”, dice la también profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

La negación de los feminicidios por parte del gobierno mexicano conlleva además a la reproducción y acrecentamiento del fenómeno. Al final, el mensaje de Estado es “matar a una mujer no tiene una consecuencia” o, lo que es lo mismo, “la vida de las mujeres no importa”.

La estrategia estatal encaminada a invisibilizar el fenómeno (que se basa en brindar cifras contradictorias, a cuenta gotas o en ocultarlas) tendría un segundo objetivo: romper con el sentimiento de comunidad, fracturar los lazos sociales, dado el temor que genera el escenario de muerte. En este sentido, la maestra en Estudios Latinoamericanos apunta: “Al Estado le interesa dejar así las cosas pues el escenario de muerte genera un miedo que le resulta conveniente”.

Mariana Berlanga sostiene que el supuesto combate gubernamental de los feminicidios es ficticio. Refiere que éste se queda únicamente en el plano del discurso, pues a pesar de los avances normativos en la materia, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –que contempla el instrumento de la Alerta de Violencia de Género– o la incorporación del delito de feminicidio en los códigos penales, las leyes son letra muerta.

Frente a este panorama, la experta pone discusión el hecho de que, a la fecha, se siga apelando al Estado mexicano en la exigencia de justicia por los feminicidios perpetrados, más cuando el Estado neoliberal que empezó a configurarse a partir de la década de 1990 se ha complejizado, ya que ahora el poder político se comparte claramente con los poderes económicos, tales como las empresas trasnacionales o las agrupaciones dedicadas al comercio ilícito de drogas, armas y personas.

Es por ello que la autora de la tesis El feminicidio: un problema social de América Latina. El caso de México y Guatemala sugiere dejar de tener toda la apuesta en el Estado, tras asumir que no es de su interés resolver la problemática. Y recalca: “La solución no será de arriba hacia abajo”.

“Hay que dejar de pensar la justicia en términos estatales y apostar por reconstruir el tejido social, por pensar en cómo transformarnos como sociedad. Y si el Estado ya no da la seguridad y el bienestar que debería, empezar a cuestionar su propia existencia”.

¿Por qué hablar de feminicidio?

Nombrar los feminicidios es producto de 20 años de ardua lucha. Las madres de las mujeres víctimas de los crímenes por razones de género en Chihuahua, fueron las primeras en dar la batalla. Entonces, producto de su organización y tenacidad, lograron romper la lógica de que se trata de casos individuales.

Posteriormente, ayudaron instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que data de 2007, misma que incorporó por primera vez el fenómeno del feminicidio a legislación mexicana bajo el concepto de “violencia feminicida”: la “forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y de Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Después, en 2009, vino la sentencia “González y otras vs México” –también conocida como “Campo Algodonero”–, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza en la responsabilidad del Estado mexicano en la perpetuación de estos crímenes.

Finalmente, gracias al empuje de organizaciones feministas, el tipo penal feminicidio, que implica perder la vida simplemente por la adscripción de género, es decir, por ser mujer, quedó incorporado en el cuerpo jurídico mexicano.

Mariana Berlanga sintetiza de esta forma la historia de dos décadas de lucha en México por el reconocimiento oficial de la problemática del feminicidio, misma que refiere un tipo específico de violencia, en el sentido de que responde a un patrón y una lógica particulares. Así, por ejemplo, cuando una mujer es asesinada, el primer cuestionamiento que surge tiene ver con el ejercicio de su sexualidad, estigma que no priva en el caso de los varones.

“La categoría de feminicidio pone sobre la mesa que en nuestra sociedad hay sujetos que valen más que otros. Demuestra el poco valor que tiene la mujer en esta sociedad, producto de una desigualdad de poderes”, comenta la estudiosa del feminicidio.

Añade que en el contexto de violencia generalizada que se vive en el país, resulta importante hablar de feminicidio, no porque este tipo de violencia sea más ni menos grave o importante que otras, sino porque “meter en un mismo saco a todas las violencias, lleva a no resolver ninguna”.