Foto: San Bartolo Ameyalco (Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios)

Bajo una serie de irregularidades y con engaños se realizaron supuestas asambleas comunitarias en pueblos para solicitar su integración al registro que busca implementar la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI). Desde suplantación de autoridades tradicionales, agresiones, asambleas a puerta cerrada, hasta su realización fuera de la comunidad, habitantes de diversos pueblos y barrios de la ciudad fueron testigos de una serie de anomalías y desigualdades en estos procesos, que de acuerdo a la convocatoria de la SEPI debían darle seguimiento asambleas comunitarias y autoridades representativas legítimamente reconocidas por ellos y ellas.

El próximo martes 30 de agosto es la fecha límite para que se integre el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. La convocatoria de la SEPI, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 30 de mayo del 2022, indica no sólo que estas solicitudes deben ser acompañadas de “antecedentes necesarios y documentos que acrediten” que son indígenas y/u originarios, sino que deben contar en primer lugar con un acta de asamblea comunitaria que “al menos” tenga la fecha y hora, lugar, periodo y ámbito de publicidad de la convocatoria de asamblea, testigos, indicar a qué pueblo indígena pertenecen y un listado de asistentes.

Sin embargo, lo que más llama la atención de estos requisitos de “autoidentificación colectiva” es la “manifestación de reunir las características objetivas y subjetivas de comunidad indígena residente”, además de pedir la «manifestación de voluntad colectiva de identificarse como comunidad indígena residente y que solicitan su inscripción al registro” y solicitar el “mandato expreso por medio del cual designan a las personas representantes del grupo social para presentar la solicitud de registro”. En particular la última condición causa ruido, pues los pueblos y barrios comunitarios ya tienen reconocidas sus propias autoridades tradicionales que les representan en diferentes ámbitos.

San Mateo Xalpa, Xochimilco

En un domicilio particular y a puerta cerrada, en el pueblo de San Mateo Xalpa en Xochimilco se llevó a cabo una asamblea informativa el domingo 14 de agosto. Se convocó a personas mayores de edad del pueblo y a algunas autoridades tradicionales, principalmente. Además, estuvieron presentes funcionarios públicos tanto de la alcaldía Xochimilco como de la SEPI.

Una habitante de este pueblo originario, quien pidió conservar el anonimato por razones de seguridad, y su familia se enteraron de esta “asamblea falsa” porque un familiar suyo recibió la invitación donde de manera explícita informan que se reservan el derecho de admisión. “La difusión no fue tan amplia, fue llamando por teléfono. De hecho, nos enteramos que algunas autoridades tradicionales fueron invitadas a través de una llamada telefónica. Fuimos poco más de 50 personas y donde se llevó a cabo fue en una casa particular, en un domicilio de aquí de San Mateo”, mencionó.

“Los que firman la invitación, uno de ellos es el representante de bienes comunales, que no es representante de bienes comunales, para empezar”, aseguró, pues en San Mateo Xalpa no tienen un comisariado ni representante de bienes comunales, sino que son los comuneros en asamblea quienes son autoridades tradicionales. “También firma el consejo del pueblo, que sabemos que ya no está funcionando desde años atrás”, dijo.

Las autoridades tradicionales en San Mateo son los fiscales, el patronato del panteón y comuneros, aunque los socios de mayordomos están en proceso de ser reconocidos como autoridades. La figura de consejo de pueblo no es un cargo tradicional, sino, una denominación que existía en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que fue sustituida por las Comisiones de Participación Comunitaria en la legislación vigente.

“Los consejos de los pueblos ya no existen en razón de la sentencia SUP-REC-35/2020 y como ya no existen desde hace tiempo, ahora con el registro se supone que cada pueblo ingresará a las autoridades que consideran tradicionales. Y por obvias razones los miembros del consejo del pueblo quieren ser incluidos en esa lista de autoridades tradicionales, cuando su figura ni es del pueblo ni es tradicional, pues responde a intereses e instrucciones meramente del gobierno y no del pueblo”, agregó .

A la asamblea acudieron poco más de 50 personas. En el lugar, las autoridades tradicionales, mayordomos y socios de mayordomos les dieron una hoja para registrarse, pero no era una lista de asistentes, sino, un formato membreteado con el logo de la SEPI. Esta situación llamó la atención de algunas personas que asistieron pues, notaron que estos nombres, firmas y números de contacto podrían servir para otros fines.

La mesa de la asamblea estaba conformada por diferentes funcionarios públicos y habitantes del pueblo. Por ejemplo, Genaro Olivares y Edilberto Ramírez, ambos trabajadores de la alcaldía; David Mendoza y Belinda Santamaría, ex presidente y ex secretaria del desaparecido Consejo del Pueblo. Además de Arturo Aguilar, quien aseguró ser el representante comunal, cuando de acuerdo a la información de habitantes del pueblo no es comunero. De la SEPI acudieron Carlos Bravo Vázquez, quien también es ex asesor del alcalde José Carlos Acosta.

Durante la asamblea se le explicó a los asistentes que tienen que mandar pruebas tanto de sus fiestas patronales como de su adscripción como originarios, ya que en caso de algún “error”, aseguró Carlos Bravo, trabajador de la SEPI y quien recibe por horarios un sueldo mensual estimado neto de 63,729 pesos.

“Una vez que tienen estos elementos, se llenan los formatos, se presentan ante la SEPI, un comité de expertos en pueblos originarios analizará los documentos, no los calificará, los analizará y en su caso podrá decir: ‘al pueblo de San Mateo Xalpa le falta completar el listado de ciudadanos con derecho a emitir su voto en las asambleas o le falta incorporar o enriquecer más fiestas de las que registró aquí y dará una prevención al comité general de que tiene dos meses, tres meses para completar esta información, para que se te reconozca, para que se te asuma como pueblo originario”, explicó Carlos Bravo durante esa reunión del 14 de agosto.

Es importante mencionar que muchos vecinos y vecinas de San Mateo fueron excluidas de la reunión, pues además de que fue en el patio de una casa particular, cerraron las puertas de la casa para que nadie más pudiera ingresar. Ante esta situación algunos vecinos exigieron que abrieran las puertas, sin embargo, la dueña de la casa, Belinda Santamaría se negó.

“Dejaron a muchísimos vecinos a fuera, porque todas las puertas estaban cerradas. Los vecinos de afuera empezaron a tocar para poder entrar. Una vecina dijo que si estábamos en una asamblea del pueblo, estaba mal que estuviera cerrada la puerta. Debieron dejar entrar a los vecinos porque seguramente tenían intereses en esa reunión y por eso estaban tocando. De hecho, cuando empieza la trifulca, tanto el zaguán como la puerta chica estaban cerradas”, compartió una vecina de San Mateo.

El conflicto comenzó cuando uno de los vecinos pidió la palabra para expresar su descontento y que no estaba de acuerdo con que se hiciera una comisión ni ser parte del registro. En ese momento las cosas se salieron de control: “Los organizadores se empezaron a molestar y entre ellos estaba el hijo de la dueña de la casa que se le fue encima a una de las personas que estaba en desacuerdo. En ese momento, este individuo golpeó a un adulto mayor. Ahorita ya hay un proceso judicial, me parece, sobre todo porque el señor que fue agredido tiene 84 años y el hijo de la señora ha de andar en sus casi cuarenta”, narró.

Diferentes voces exigieron que se suspendiera la asamblea, pues ya no había condiciones adecuadas no sólo para tomar decisiones, sino para la seguridad de todos y todas. En ese momento, diferentes personas aprovecharon la situación para terminar de firmar el acta de asamblea, la cual era necesaria en el proceso para pedir el registro: “Ellos lo hicieron así, todos sus acarreados aprovecharon la trifulca para anotarse en una lista y noté que estaban dobleteando votos. Yo había contado 27 personas a favor de que se llevara a cabo el registro y los demás éramos como un tanto que estábamos en desacuerdo. Ahí empezaron a decir que eran cuarenta y tantos votos a favor”.

San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón.

Alejandro Ugalde es autoridad tradicional, su cargo es el de subdelegado. Fue elegido en el mes de febrero del 2019 por asamblea a través de papeletas que los mismos pobladores hicieron para ejercer su derecho. Con anterioridad, Alejandro ya ha vivido una serie de situaciones que desprestigian no sólo su quehacer como autoridad, también ha sido víctima de discursos homofóbicos. Asimismo, personas del pueblo que le apoyan en su cargo han enfrentado agresiones verbales. “El día de la asamblea falsa le gritaron a una de las señoras con la que nos coordinamos, le dijeron ‘vendida’, ‘traidora’, ‘fuera, fuera’. Ya hacia mi persona me dicen: ‘puto’, ‘maricón’. Solamente en una ocasión, hace dos años, recibí golpes y un navajazo en una asamblea, donde curiosamente estuvo presente José Luis Velázquez, quien es parte de la Alianza”, declaró Alejandro.

La Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios es una organización que está a favor de varios de los proyectos y políticas públicas del gobierno central. Por ejemplo, la Consulta Indígena para el Plan de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial, el Registro de Pueblos y Barrios Originarios, entre otras actividades de la SEPI. Uno de sus argumentos para que se lleve a cabo el registro es que “tenga como propósito fundamental dotar, de forma particular, a los pueblos y barrios originarios la calidad de sujetos colectivos de derechos público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En ese grupo se encuentra José Luis Velázquez, quien también es originario del pueblo de San Bartolo.

De acuerdo a Alejandro, la asamblea fue convocada en 31 de julio a través de una lona, donde ellos decían que era muy importante el registro para administrar “nuestro territorio”. “Esta asamblea la convoca la pseudo representación del señor Víctor Zaldívar, que está respaldada por un grupo de Morena, en específico por José Luis Velázquez que es un actor político dentro del pueblo que en su momento con la administración pasada de Álvaro Obregón estuvo muy inmiscuido en la problemática y la división que se generó por estos actores políticos al ellos imponer una pseudo representación del pueblo cuando no tienen ellos ninguna acta de asamblea, no tienen un número determinado de votos donde los reconozca la asamblea como representantes”, dijo.

Además, agregó, invitaron a la plaza del pueblo a arrieros, arrieras, algunos equipos de futbol, a algunas familias del pueblo, mayordomos, representaciones de fiestas patrias, “pero esto fue invitaciones en mano. Yo únicamente me dediqué a documentar, entonces, empiezan su asamblea, pidiendo el registro con la INE, pasando sus listas y sí estaba una persona de SEPI, que era Nicolás López López, porque él se presentó como parte de SEPI. En total asistieron cerca de 90 personas”.

Alejandro ha desmentido a través de la página oficial del pueblo de Facebook, Pueblo San Bartolo Ameyalco, varios mitos sobre los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Sin embargo, este trabajo de difusión no es suficiente, pues ante una asamblea donde la mayoría eran personas adultas mayores, la desinformación sobre la libre determinación, autoadscripción y autonomía logró un efecto a favor del registro.

La asamblea se llevó a cabo el 7 de agosto, de las autoridades tradicionales sólo fueron bienes comunales y los arrieros. Los demás, patronato del panteón y mayordomos no hicieron presencia. “Empezaron a decir (la mesa que llevaba la asamblea) que es importante el registro porque vamos a dejar de ser pueblo y nos van a convertir en colonia, van a aumentar los costos en predial, luz, agua. Que van a intervenir en la decisión sobre nuestro territorio, pues ya no va a ser de nosotros, va a ser únicamente del Estado, porque vamos a ser colonia”, exclamó molesto:

“Varios vecinos y vecinas pidieron la voz, se los negaron totalmente a base de engaños porque realmente la mayoría de estas 90 personas eran señores adultos mayores, arriba de los 60 años que los llevaron a engaños: ‘que si no se lleva el registro vamos a perderlo’, ‘ya no vamos a ser pueblo, vamos a ser colonia’. Entonces con todo esto los estuvieron envolviendo (…)”.

Alejandro explicó que en varias ocasiones argumentó que ellos siguen siendo pueblo originario, pues en otras ocasiones el mismo gobierno central los ha reconocido como tal. Sin embargo, tanto José Luis Velázquez, como uno de los representantes de la SEPI continuaron abonando a la desinformación. “José Luis fue uno de los que continuó diciendo que ‘antes éramos pueblo y ahora ya no lo somos’ (…) el representante de la SEPI dijo ‘muchas felicidades, qué bueno que ustedes accedieron a hacer este registro para que ustedes puedan ser nuevamente pueblo’”. Ante esta situación, una de las vecinas pidió el micrófono para tratar de informar a la gente. Sin embargo, fue atacada por varios pobladores.

“El chiste es que fue un asamblea express, si fue media hora, fue mucho tiempo. Para finalizar, someten a votación: ‘¿quién de ustedes está de acuerdo en que seamos pueblo?’. Fue una votación de 80 personas, con 80 personas argumentan que el pueblo va a empezar con su registro”, finalizó Alejandro, no sin antes agregar que después de la asamblea siguieron recolectando firmas sin INE.

Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero.

El sábado 27 de agosto a las 11 de la mañana se reunieron frente al módulo de policía del pueblo de Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, más de 120 personas para discutir y tomar decisiones sobre la asamblea que promovió un presunto representante del pueblo junto a Rafael Castelán, otro integrante de la Alianza, y el JUD de Pueblos y Barrios de la alcaldía Gustavo A. Madero. La discusión tuvo como eje principal que esta asamblea que se llevó a cabo el 21 de agosto y pretendía ser comunitaria fue en la Sala Tepecuicatl, la cual está fuera del pueblo de Tola, en la colonia Rosas del Tepeyac.

La señora María Inés y un grupo de vecinos acudieron molestos a la Sala Tepecuicatl, “fuimos en oposición a la asamblea realizada fuera del pueblo, en lugar cerrado, sin previo aviso y que por accidente nos enteramos”, mencionó. Al llegar al lugar, la primera anomalía que notaron fue que en la parte de abajo de la lista de asistencia decía: “Acta de asamblea comunitaria del pueblo originario de Santa Isabel Tola, por medio de la cual acreditamos la autoadscripción colectiva para participar en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

María Inés agregó que quienes se organizaron y fueron a esa reunión no sólo están en desacuerdo con el registro, sino que están molestos porque se hizo en un lugar que no está ni en la comunidad: “no debían de haberlo hecho en un espacio cerrado y fuera de nuestro pueblo y esto es lo que lo hace ilegal, por tal motivo, fuimos a protestar. Tuvimos el acompañamiento de derechos humanos, fuimos una profesora, dos ejidatarios, fue una autoridad tradicional del panteón. Yo creo que esta acción fue avalada por la alcaldía porque para haber enviado a su JUD de Pueblos y Barrios, siendo él, vecino e integrante de COPACOS, una persona que lo hemos visto con grupos de choque en las manifestaciones del zócalo”.

Una vez en el interior del recinto y con la presencia de no más de 50 personas, comenzó la reunión. Uno de los que tomaron el micrófono fue el poblador de Santa Isabel Tola Ricardo Martínez, quien comentó que para acceder a un programa social se necesitaban una serie de requisitos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores: “por derecho, al tener 65 años ya tengo ese derecho, pero para eso se necesita tener tu credencial de elector, una acta de nacimiento y el CURP. Esos son los requisitos para acceder a ese programa y haber cumplido ya los 65, para poder acceder a ese programa”.

Y continúa con su exposición: “Es lo mismo que les explicó el compañero Rafael Castelán, lo mismo, no vamos a perder la categoría como pueblo, simplemente es para acceder a los derechos como pueblo originario, para cualquier tema. Tenemos un tema bien importante, el Mexicable, es un ejemplo bien claro. ¿Por qué no nos hicieron la consulta? porque a SEPI se le ocurrió decir que no éramos un pueblo originario y es por eso que se tuvo que amparar. Es eso, la convocatoria, va a seguir siendo abierta, lo dice la ley, búsquenlo por favor. Algunos pueblos no lo van a alcanzar, en esta convocatoria no lo van a alcanzar. Inclusive muchos de los seguidores de la Coordinadora, antier estuvieron sentados ahí en SEPI para hacer sus asambleas”.

“Estamos luchando porque esas medidas no sean violatorias, porque nos violentan a nosotros los pueblos originarios e indígenas. No puede ser posible que seamos tan miserables, tener tan poco criterio y no investigar qué es lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. La convocatoria que se hizo para los pueblos y barrios es un registro amañado, no podemos permitir que sigan violentándose los derechos de los pueblos. Los pueblos tenemos autodeterminación, no debemos tener un registro, ya estamos reconocidos. Nuestra Constitución nos avala”, declaró la señora Inés.

En un principio, la convocatoria llamó la atención de activistas y originarios, pues no sólo consideran inconstitucional el registro, pues atenta contra el derecho a la autoadscripción y por ende contra la libre determinación inscrita en el artículo 2º constitucional, sino que les degrada como “grupo social” y que además tienen que demostrar que son originarios e indígenas con documentación que acredite que cuentan con “instituciones y tradiciones sociales y cultuales comunitarias, lenguas, patrimonio cultural material e inmaterial y su reproducción”.

El reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas está en la Constitución, así como en las leyes de las entidades federativas. Y en ese sentido, el criterio de la autoadscripción es un elemento adecuado y determinante cuando se refiere a este reconocimiento. De hecho, el artículo 2º constitucional indica que “la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

Además, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis la/J. 57/2022, no es necesario demostrar la autoadscripción indígena a través de documentos oficiales:

“…no se refiere a formalidades y requisitos legales, sino a sus condiciones históricas, modo de vida y organización, cosmovisión, usos y costumbres, entre otros aspectos. De ahí que su existencia no puede sujetarse a documentos oficiales, o que se necesite un registro o reconocimiento de las autoridades para contar con tal calidad, pues ello constituiría una violación grave a la libre determinación de los grupos indígenas y sus integrantes, reconocida en el artículo 2o. constitucional.”

Una de las acciones que acompañan la exigencia para frenar el registro incluye una demanda ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien resolvió que el caso no es competencia electoral. “Se unieron 70 pueblos, algunos con el Frente, algunos con la Defensoría de oficio del Tribunal Electoral, ya el Tribunal Electoral manifestó que no es competencia electoral, por eso estamos también con los amparos y las acciones de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México”, declaró el abogado Alejandro Velázquez del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac.

Velázquez también informó que actualmente están acompañando la impugnación de estas asambleas: “la que se han impugnado son San Mateo Xalpa (Xochimilco), Santiago Tluyehualco (Xochimilco), Santa Isabel Tola (Gustavo A. Madero) y San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón). Son 4 asambleas de estas que se hicieron con irregularidades para el registro las que están ahorita en tribunales”.

Recientemente, el 22 de agosto del 2022, una ciudadana obtuvo respuesta de una solicitud de información (folio 090162422000196), en la cual quiso saber cuántos y cuáles pueblos y barrios originarios solicitaron registrarse en el sistema de la SEPI. Como respuesta, el JUD de Consulta para Comunidades Indígenas, José María Ahuitzotl Pastrana Hernández contestó: “Me permito hacer de su conocimiento que, a la fecha no se cuenta con ninguna solicitud de registro presentada formalmente ante la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), de conformidad con lo establecido en la Convocatoria Pública para constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

La lucha por la libre determinación de los pueblos y barrios originarios comienza con el reconocimiento de la autoadscripción. El subdelegado de San Bartolo Ameyalco, Alejandro, como autoridad tradicional lo sostiene y defiende: “No es necesario recurrir a ningún tipo de registro para poder continuar con nuestros derechos, derechos que ya tenemos ganados desde hace años, tratando de explicar el porqué este registro es improcedente, violatorio hacia nuestro propio derecho a la autoadscripción y sobre todo esto que están solicitando una lista de originarios y avecindados. Para mí eso ya es muy delicado, totalmente clasista porque están solicitando además el último grado de estudios para ser reconocidos en el registro. Eso sí se me hace absurdo”, expresó.