Con el argumento de que las invasiones de tierra quebrantan la “paz social”, un grupo de senadores de la ANR, PLRA y PQ, presentaron una nueva Propuesta de Modificación del Artículo 142 del Código Penal y pretenden su estudio y aprobación en el Congreso Nacional lo más pronto posible, antes de que la ciudadanía analice su contenido y la intención real de este Proyecto Ley. Para el abogado Abel Areco, especialista en la temática agraria, el proyecto pretende blindar no solo la “propiedad privada de tierras mal habidas” sino también “la posesión de tierras mal habidas”.
Areco señala que el Proyecto de modificación del Artículo 142 del Código Penal pretende, por un lado; “elevar la pena por Invasión de Inmueble Ajeno a 6 años y hasta 10 años; convirtiéndolo así en lo que es un crimen. Hasta ahora el tipo penal de invasión de inmueble ajeno en el Código Penal es un delito que tiene una penalización de hasta 5 años”. Además, la propuesta de modificación de Ley pretende incorporar en la redacción del Artículo la frase “sin el consentimiento del titular de posesión o del dominio”.
Con estos elementos se puede concluir que el nuevo proyecto de Ley tiene dos propósitos concretos; cortar de raíz cualquier lucha por la recuperación de tierras mal habidas a través del encarcelamiento y proteger las tierras adjudicadas de forma irregular, y las que en la actualidad se encuentran usurpadas por no sujetos de la Reforma Agraria. “Claramente, al pretender incorporar la figura de “titular de la posesión o dominio”, la intención de los legisladores proyectistas es la de blindar cualquier intento de recuperación de las tierras mal habidas en poder de usurpadores, en la mayoría de los casos, latifundistas sojeros y ganaderos. También vale señalar que, las adjudicaciones irregulares de tierra y las usurpaciones de tierras destinadas para la reforma agraria, dejan sin posibilidades de acceso a un pedazo de tierra a miles campesinos paraguayos y pueblos indígenas” menciona el abogado.
El intento de blanquear las tierras mal habidas y la de blindar las posesiones de tierras mal habidas, se viene intentando con la presentación de proyectos de leyes como el Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional Catastro Registral (SINACARE) y la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (DINACARE)1 y Proyecto de Ley de modificación del Estatuto Agrario que pretendía habilitar la titulación de tierras ocupadas irregularmente por no beneficiarios de la Reforma Agraria 2. “Estos proyectos se intentaron aprobar con el mismo método con que se plantea este nuevo Proyecto de Ley; a las apuradas y evitando una participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración y discusión de la misma. Los proyectos anteriores, quedaron congelados por el repudio generalizado del campesinado” menciona Areco.
Tierras Malhabidas
Según la Comisión de Verdad y Justicia (C.V.J), en su informe entregado a los tres poderes del Estado en el año 2008; casi 8 millones de hectáreas de tierra fueron adjudicadas de forma irregular a militares, políticos y empresarios hasta el año 2003. En su informe la CVJ refiere “7.851.295 hectáreas, han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria. Las leyes trasgredidas son: el Decreto-ley Nº 120 de 1940 que crea el Estatuto Agrario; la Ley Nº 854/63 que crea el Estatuto Agrario y reemplazó al anterior, y la Ley Nº 1.863, vigente en la actualidad, sancionada el 20 de diciembre de 2001”. (Informe CVJ, p. 206, Tomo IV)3
Por otra parte, en el mes de setiembre del 2016, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) se afirmó que “de los 3,5 millones de hectáreas de tierra distribuidas por el Estado para los fines de la reforma agraria, más de 1 millón de hectáreas fueron a parar a manos de personas que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios”4
Más persecución a quienes cuestionen Tierras Malhabidas
El mismo grupo de legisladores quienes están con el proyecto de blanqueo y el blindaje de tierras mal habidas a través de la criminalización, estarían propiciando otro proyecto de modificación del estatuto agrario que se denominaría “Proyecto de Ley que Modifica el Artículo 98 de la Ley N° 1863/2002 ‘”Que Establece el Estatuto Agrario”, “buscando impedir la expropiación de tierras para comunidades indígenas y campesinas, tratando así de anular el mecanismo constitucional de la expropiación, y estableciendo restricciones para los que osen cuestionar las tierras mal habidas” indica Areco.
La propuesta de Modificación del Artículo 98 señala que “Serán desestimados los expedientes de expropiación a favor de los invasores, sobre inmuebles que sean objeto de invasión u ocupación ilegitima y que hayan tenido intervención judicial. El acceso a subsidios del Estado, cualquiera sea la forma, modo o procedimiento que estos adopten, quedará suspendido delante de una o más imputaciones por parte del Ministerio Público por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno, y hasta la completa desvinculación del proceso que se sigue al afectado a través de cualquier salida procesal prevista en la legislación vigente”.
Ocupaciones han garantizado acceso a la tierra para campesinas y campesinos
Según el propio Catastro Nacional, “Paraguay muestra una de las mayores concentraciones de tierra más alta en el mundo”5, un estudio realizado respecto a la concentración de tierra en el Paraguay encontró que sólo 15 grupos empresariales concentran tierras en tamaño igual que el Departamento de Concepción (Con la Soja al Cuello 2015, p. 15). Por otra parte, informes señalan que posterior al año 1989 el campesinado a través de las luchas y ocupaciones de tierras mal habidas han conquistados unas 500 mil hectáreas que fueron convertidas en comunidades campesinas (Con la Soja al Cuello 2015, p. 59), es decir, las ocupaciones de tierras mal habidas han sido la única vía del campesinado para acceder al derecho a la tierra, ante la falta de políticas públicas que garanticen este derecho.
“Otro punto posicionado como argumentos para criminalizar los derechos del campesinado y Pueblos Indígenas es la llamada inviolabilidad de la propiedad privada; sin embargo, la misma está condicionada por la “función social y económica” que debe cumplir, y por sobre todo la social, ya que el Estado Paraguayo es un “Estado Social de Derecho”. Es más, hay que entender que la propiedad privada no es absoluta, el derecho a la subsistencia y la vida digna son derechos privilegiados ante la acumulación y/o acaparamiento de la propiedad privada” menciona Areco.
Lamentablemente, desde la vigencia de la Constitución Nacional actual, en el Paraguay no se ha ejecutado la Reforma Agraria Integral como manda la Carta Magna, ni se han recuperado las tierras mal habidas como recomendó la Comisión Verdad y Justicia, a modo de reparar los daños causado por la dictadura de Stroessner. Tampoco se han procesados judicialmente y sancionado a los responsables de estas transacciones ilegales, indica el abogado
“Los impulsores de estas leyes de criminalización de derechos campesinos, de blanqueo y blindaje de tierras mal habidas, desde su rol de legisladores, tampoco han planteado propuestas para garantizar el derecho de acceso a la tierra del campesinado y la desconcentración del latifundio en el Paraguay” menciona.
“Mientras no se ejecute la reforma agraria integral y no se desconcentren los latifundios en el Paraguay, se incumplen mandatos constitucionales. Mientras no se recuperen las Tierras Mal habidas y no se expropien los latifundios para la redistribución de tierras; no rige la democracia ni el Estado Social de Derecho. Mientras existan unos pocos que acaparan todos y muchos que no tienen nada, difícilmente habrá paz y vida digna en el país” concluye el especialista.
1 http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121539
2 http://silpy.congreso.gov.py/expediente/116816
3 https://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2020/10/Tomo-IV-Parte-4.pdf
4 https://www.ip.gov.py/ip/mas-de-1-millon-de-hectareas-fueron-adjudicadas-a-no-sujetos-de-la-reforma/
5 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/tenemos-la-mayor-concentracion-de-tierras-segun-director–de-catastro-11324.html
