Desde el lunes 23, decenas de familias de indígenas que forman parte del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña se dirigen a Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en reclamo de soluciones de vivienda, dotación de granos básico e infraestructura, que esperan desde que sus comunidades fueron arrasadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, hace más de dos años.

“Hemos tenido que alzar la voz contra las autoridades que han desatendido, y sobre todo, han abusado de la buena fe de estos pueblos que han confiado en las promesas de los gobernantes, y que a dos años dos meses después de las tormentas no ha habido una respuesta adecuada y ni una solución a las demandas más urgentes que se han planteado”, introdujo el Antropólogo Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.

Representantes de 13 municipios de la montaña realizaron una conferencia de prensa en la ciudad de Tlapa anunciaron en conferencia de prensa que este miércoles realizarán la Marcha- Caravana en contra del Hambre y la Discriminación”, en reclamo de las promesas gubernamentales, que tras el desastre fueron anunciadas como el “Plan Nuevo Guerrero”.

“Se habló de más 37 mil millones de pesos destinados para la reconstrucción del estado, pero para los pueblos de La Montaña, para los 19 municipios, todo ha quedado en obras inconclusas, en obras mal hechas y sobre todo en la falta de atención por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para poder atender la gran demandas que tienen estos pueblos”, apuntó Barrera Hernández.

En setiembre de 2013 “como una respuesta al trato desigual y discriminatorio que aplicaron las autoridades de los tres  niveles de gobierno a las comunidades indígenas de la montaña”, las comunidades afectadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, fundaron la Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.

Según el recuento que hizo esta organización comunitaria, en la región existen 4351 casas necesitadas de ser reconstruidas, así como existen 3 centros de educación afectados por las tormentas y 20 comunidades que tienen desde entonces, sus centros de salud afectados.

Hay 49 pueblos con daños en su red de distribución de agua potable, así como importantes daños en la infraestructura de la zona (21 puentes colgantes, 20 vehiculares destruídos, 75 comunidades con carretera afectadas por el deslave, 39 comunidades con afectaciones en la red de energía eléctrica). Además de 28 comunidades que sobreviven el alto riesgo que aún esperan su reubicación.

En la conferencia realizada este lunes 23, en Tlapa, el integrante de la CCDM, Moises Solano, insistió en la necesidad de un programa permanente de dotación de granos básicos, maíz, arroz, frijol y sal. “No es que los campesinos de La Montaña no tengamos voluntad ni fuerza para producir, sino que nos hemos encontrado con una serie de fenómenos naturales que no nos permiten cosechar nuestro maíz y frijol que sembramos”.

Está previsto, informa Tlachinollan, que a las tres de la tarde de este martes 24, las comunidades se reúnan en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con estudiantes y sus padres para expresar su solidaridad por los normalistas desaparecidos, asesinados y heridos.

“La Marcha contra el Hambre y la Discriminación” recorrerá los 14 kilómetros que separan Tixtla de Chilpancingo desde el mediodía del miércoles 25 del corriente, para exigir la instalación de una mesa de negociación de las demandas de los indígenas.

El propósito: “denunciar la defraudación causada por los tres niveles de gobierno, que han hecho más cruento el sufrimiento de las comunidades Na’savi, Ma’phaa y Nauas; exigir que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, así como al Gobierno del Estado (CDI), cumplan con los compromisos asumidos respecto de la atención integral a las comunidades damnificadas de Ingrid y Manuel, y erradiquen sus prácticas corruptas”.

El Consejo envió un oficio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México solicitando medidas cautelares para los integrantes del CCDM “para salvaguardar la vida, la integridad personal, la seguridad jurídica, garantizar el derecho a la libre manifestación y el libre tránsito, así como para prevenir la comisión de actos de difícil o imposible reparación”.

Foto: Tlachinollan, Comunidad San Miguel Amoltepec, Cochoapa, Guerrero