Foto: Greenpeace
Ciudad de México | Desinformémonos. El juicio oral y público contra ocho de los nueve involucrados en el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres comenzó este lunes en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, donde familiares e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) esperarán a que los magistrados hagan justicia.
Durante el proceso también estarán presentes una comisión de expertos internacionales y las organizaciones Amnistía Internacional y GreenPeace, las cuales exigieron que se garantice un juicio justo y que se profundice en los interrogatorios y declaraciones para llevar a la justicia a los verdaderos autores materiales e intelectuales.
Los integrantes del Consejo informaron que interpusieron una acción de recusación contra el tribunal de sentencia de la sala primera, pues rechazan «su accionar y su aptitud para conocer de este caso» y solicitaron «que sean remplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso».
«Exigimos justicia, pero no a toda costa ni de cualquier manera», indicaron, luego de denunciar que el tribunal de sentencia que conoce el caso de Cáceres «ha fallado en garantizar» sus derechos como víctimas «e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constituitiva de delito por el Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad».
Cáceres, quien era coordinadora del COPINH, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa-habitación en La Esperanza por dirigir la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el territorio indígena lenca.
En 2017, el diario estadounidense The Guardian publicó que el asesinato de Cáceres fue comandado con estrategias de especialistas en inteligencia militar vinculados con las fuerzas de Estados Unidos.
La lideresa había denunciado en múltiples ocasiones las amenazas de muerte que recibió por su trabajo contra el proyecto hidroeléctrico. De las 33 denuncias, varias correspondieron a las amenazas por parte de la empresa, aunque ésta siempre lo negó.
