Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y colectivos por la defensa de los derechos humanos exigieron al Congreso la aprobación de la ley general contra la desaparición forzada y de particulares antes del 15 noviembre, con el propósito de que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año, ya que actualmente no cuenta con recursos que permitan su aplicación.

Las agrupaciones indicaron que la ley necesita incorporar varias de las propuestas que familiares de las víctimas y organizaciones civiles presentaron ante el Legislativo, las cuales incluyen la creación de una comisión nacional de búsqueda y un instituto nacional forense independiente, con capacidad técnica para manejar en forma profesional los datos que recopile, entre otros planteamientos.

Además, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que agrupa a más de 80 organizaciones, advirtió en un pronunciamiento que la definición del delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal no corresponde a los estándares internacionales en materia de garantías individuales, y por otra parte, en ocho entidades del país no está tipificado el delito de desaparición forzada en los respectivos códigos penales.

La Red TDT también denunció la dilación y negligencia de las autoridades de procuración de justicia tanto para levantar las denuncias como para iniciar las investigaciones transparentes y profundas de los casos.

A esto se le suma que las entidades estatales diseñadas para combatir el problema carecen de recursos humanos y económicos que permitan su correcto funcionamiento, y falta un registro nacional que contabilice las cifras reales de personas víctimas de desaparición forzada, la cual es una medida fundamental para un trabajo de búsqueda eficaz.

Otra carencia es la falta de investigación y sanción a superiores jerárquicos, pues se requieren averiguaciones sobre todas las personas que por omisión permiten la comisión del delito.

De acuerdo con la Red TDT, lo que permitió que la desaparición forzada se mantuviera arraigada como política de las estructuras del Estado y que se haya extendido a sectores como los migrantes, jóvenes trabajadores, mujeres y profesionistas, fue la la falta de acceso a la verdad, a la memoria y a la justicia, así como a la reparación integral del daño y a medidas de no repetición de casos de los delitos cometidos en décadas recientes.