Los acontecimientos recientes de Chiapas (el asesinato del profesor David Gemayel y la detención de tres maestros, dos normalistas y un padre de familia) y de Michoacán (el encarcelamiento de 52 normalistas en penales federales) refrendan que el tema de la educación pública “no merece un trato de dictadura militar, ni que se finque una política educativa sobre la sangre de los trabajadores y los cuerpos de los presos políticos”, sostienen quienes integran el magisterio disidente en México.

En un comunicado, los docentes del país agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denuncian la política del Estado mexicano de llevar a cabo, a toda costa, una Reforma Educativa cupular que deviene de un pacto entre la clase política y empresarial, y no de un diálogo y debate con los principales actores de la educación en México.

“La militarización de la evaluación, la amenaza, los arrestos, los presos políticos y ahora el asesinato de un compañero manifiestan el fracaso de la Reforma Educativa”, cuestionada a lo largo de tres años por voces nacionales e internacionales, comentan.

En este sentido, quienes conforman la CNTE reiteran su llamado al gobierno mexicano a sostener un debate público sobre el modelo educativo. “Nuño [Secretario de Educación Pública] debe tomar con seriedad sus propios dichos de diálogo con los trabajadores; hoy más que nunca es necesario un debate sobre el Modelo Educativo necesario para el país, la cita es el día 13 de diciembre de 2015, en el Auditorio Nacional a las 11 horas; exigimos el Secretario de Educación Pública de la cara”.

En otro documento, los profesores chiapanecos de la Sección 40, recuerdan que «desde su nacimiento en 1979, la CNTE ha sido objeto de medidas represivas: el 30 de enero de 1981, en el Estado de México, fue asesinado Misael Núñez Acosta; el 15 de febrero de 1982, en Hidalgo, fue herido y muerto el profesor Pedro Palma; el 30 de marzo de 1987, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue acribillado Celso Wenceslao López Díaz».

Actualmente, dicen, el «gobierno militarizado de Enrique Peña Nieto» acosa nuevamente a esta organización gremial, ya que a tres años de su gestión presidencial, «sus reformas antipopulares no prosperan».