Murcia, España | Desinformémonos. La primera gran huelga de este curso escolar ha sacado a las calles a cientos de miles de estudiantes, profesores y familias en toda España. Convocados para protestar contra la Ley Educativa del Partido Popular (PP), la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las reválidas educativas, y los recortes a la financiación pública miles salieron a las calles este 26 de octubre.

En más de cincuenta ciudades, manifestaciones multitudinarias recorrieron las calles y miles de alumnos faltaron a clase. Mientras que los convocantes de las protestas, el Sindicato de Estudiantes, la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), y distintos sindicatos como STES-Intersindical, han cifrado la participación en cerca del 90% en el caso de alumnos y más del 60% de docentes en comunidades como la de Madrid, el Ministerio de Educación la rebajó a entre el 30 y el 40% de alumnos mayores de 14 años (aquellos que pueden secundarlos según la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de España (LODE) y un 12% de los docentes, cuya participación como huelguistas sólo había sido requerida en algunas comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Murcia o País Vasco.

Las movilizaciones han sido tan contundentes y multitudinarias que mucha gente señala que pueden considerarse como el inicio de un nuevo ciclo movilizador. Tanto es así, que al día siguiente, el candidato a revalidar su puesto de presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado una paralización de los efectos académicos de las anunciadas reválidas, uno de los aspectos de la nueva LOMCE que más rechazo han suscitado entre estudiantes, padres y sindicatos docentes, mientras se entablan negociaciones para conseguir un pacto por la educación.

Los convocantes de las protestas dicen, sin embargo, que no les valen estos anuncios gubernamentales y que seguirán en sus demandas mientras no alcancen la derogación por completo de la norma, así como recuperar la perdida financiación a la educación pública, cifrada en mas de 9000 millones de euros en los últimos años.

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