Para Emilio Álvarez Icaza, secretario General Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resulta alarmante la desaparición forzada de migrantes que transitan por territorio mexicano. También que el flujo migratorio sea fuente de ingreso de grupos criminales, que están “institucionalizando” prácticas como el secuestro y la extorsión.
Así lo manifestó en el marco de la conferencia La Política Migratoria mexicana hacia Centroamérica celebrada ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, de la Ciudad México.
Respecto del Programa Integral Frontera Sur, cuya finalidad es proteger a las personas que cruzan el país con la intención de llegar a Estados Unidos, Álvarez Icaza consideró que éste colocó en situación de mayor vulnerabilidad a las personas migrantes, quienes al tomar nuevas rutas se arriesgan a ser secuestrados o extorsionados por el crimen o los propios agentes migratorios.
Y es que, como consecuencia de este programa, detalló, hay mayor presencia de las fuerzas federales en la frontera sur –alrededor de 300 agentes migratorios–, retenes en las carreteras principales y operativos migratorios para evitar que los extranjeros aborden el tren “La Bestia”, lo que obliga a los centroamericanos a tomar nuevas rutas.
“Se siguen presentando pautas donde hay personas que están asaltando en estos nuevos recorridos, o la participación de agentes estatales. Y el hecho de que haya participación de agentes estatales es grave, y tiene que ser investigado a exhaustividad”, destacó.
El maestro en ciencias sociales comentó que a pesar de las acciones del gobierno federal de atención a la problemática, la política pública está disociada ya que, por un lado, hay servidores públicos involucrados en los delitos contra migrantes y, por el otro, los delitos no se previenen a pesar de tener conocimiento de los lugares en que se cometen.
“Me parece que esos estándares internacionales que México promueve en los foros internacionales son los que tendrían que aplicarse a nivel nacional con los centroamericanos. Hay principios de política pública muy importantes en México pero lo que se les ve es que a la hora de la aplicación hay una disociación”, manifestó.
